La participación de las administraciones en la gestión de los datos es fundamental para que España transite con éxito el proceso de transformación digital.
El director de la Cátedra Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de Vàlencia, profesor Ricard Martínez M., participó como conferencista principal del seminario Reutilización de la información del sector público: más allá del open data.
El académico sostuvo que la transformación digital en Europa significa que el open data, la analítica de datos y la reutilización de datos juegan un papel fundamental en el modo en que se toman las decisiones políticas y administrativas. En efecto, los modelos de decisiones en la administración y en materia de políticas públicas se trabajan, o diseñan, desde los datos. Es decir, “en el futuro inmediato, la decisión política se basará cada vez más en evidencia y no en la mera ocurrencia o intuición”, sostuvo.
A partir de esta constatación, el académico presentó los desafíos que esta transformación supondrá para la administración pública.
Así, una primera cuestión es la creación de instituciones en el sector público que actúen como entidades intermediadoras para acceder a los datos. En otras palabras, su labor será poner a disposición de la sociedad capacidades de tratamiento de datos que garanticen la protección de los derechos fundamentales. “Esto traerá como consecuencia un aumento sustantivo del volumen de datos abiertos y, al mismo tiempo, el desarrollo de sistemas digitales complejos de gestión de la información”, indicó.
En segundo lugar, Martínez sugirió que el sector público deberá ofrecer una gobernanza en el entorno de análisis de aquellos datos que se pondrán a disposición de la ciudadanía. Es decir, proporcionar reglas de uso, registro, un delegado de protección de datos, comités de ética externos, entre otros. “Esto significa un cambio cualitativo crucial”, argumentó, “porque se podrán compartir para su uso cuantos datos se puedan garantizar que no afectan a ningún derecho”.
Un tercer reto estructural es de naturaleza ética y está dado por la irrupción simultánea de la Inteligencia Artificial (IA) y la analítica de datos. Para ilustrar este punto, citó la propuesta de reglamento europeo que regulará el uso de la IA. Su enfoque es la gestión del riesgo del uso de la IA. “Es decir, definen escenarios para su uso y se categorizan en función del riesgo de violación a la protección de los datos”, explicó el profesor. “En consecuencia, las administraciones públicas deberán construir metodologías que se adapten a estos requisitos y que permitan la reutilización de los datos”, concluyó.
Finalmente, Martínez explicó que en todos los niveles de la administración pública —es decir, gobierno central, autonomías, municipios y universidades, entre otras— deberán definir bajo qué condiciones se gestionarán los datos y su almacenamiento de modo que sean realmente útiles. “Esto significa un esfuerzo de diseño de los desarrolladores, una interacción clara de los delegados de protección de datos, el despliegue de evaluaciones de impacto ético y de protección de datos, y, también, que cualquier decisión esté orientada por un respeto y garantía a los derechos fundamentales”, terminó.
La Jornada
La actividad formó parte de Semana de la Administración Abierta 2022 del Gobierno de España. Participaron, además, Cristian Veses Donet, Subsecretario de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, y Joaquín Martín Cubas, Codirector de la Cátedra PAGODA.
El evento fue organizado por la Cátedra PAGODA de Gobierno Abierto, Participación y Open Data, la Universitat de València, la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana; el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) y la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de València.
