Smart governance y participacion: la transformación digital del sector público basada en procesos participativos
Dr. Jorge Castellanos
Profesor de derecho constitucional de la UV
Coordinador del del Observatorio PAGODA (Transformación Digital Sector Público). Premio Tesis doctoral participación y TIC
Vamos a tratar la cuestión de la denominada gobernanza inteligente en su relación con la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. En concreto hablaremos de smart governance y participación ciudadana, es decir, de la incidencia directa de la gobernanza inteligente en la transformación digital del sector público basada en procesos participativos.
El proceso evolutivo de la gobernanza digital se focaliza principalmente a partir de la segunda década del Siglo XXI. En este periodo se produce una progresiva transformación digital del sector público que se materializa en la implementación gradual de las denominadas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El avance de estas tecnologías es imparable de manera que han ido desarrollándose y extendiéndose en todas y cada una de las funciones desarrolladas por el ámbito público. Ahora bien, esta evolución no se ha producido de modo uniforme en las diferentes actuaciones de las administraciones públicas ya que, si bien existen numerosos trabajos de reconocidos investigadores en determinados ámbitos como la transparencia o apertura general de las actuaciones públicas, dando forma a lo que se ha conocido como gobierno abierto, el despliegue de procesos participativos aparejados a estos procesos tecnológicos no ha generado el mismo desarrollo. Y es en este aspecto sobre el que vamos a incidir en el presente texto porque la materia de la participación, que podríamos considerar como una cuestión matriz en toda colectividad organizada, y que marca la génesis de la expresión de la propia democracia para su necesario desarrollo, no ha tenido una evolución acorde a los otros sectores que sí que se han visto mayormente desarrollados.
Tecnología y participación: brotes verdes
No obstante lo anterior, queremos destacar que, pese a su pequeño impacto, sí que son múltiples las posibilidades participativas que se desprenden de la era digital. La llamada gobernanza inteligente supone un acicate en ese sentido porque solo con el empleo de mecanismos participativos se involucra a la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y la gobernanza inteligente, teniendo como telón de fondo la implementación de las tecnologías más novedosas, no puede tener como objetivo otro distinto que la mejora de la gestión y optimización de lo público, contando para ello en la mayor medida posible con la intervención de los ciudadanos. En este contexto la posición de la Administración es clave para fomentar un modelo reticular, es decir, que se entreteja una red entre los diferentes niveles administrativos, de gestión, y la propia ciudadanía para que se desarrolle la tarea gubernativa en un contexto de bidireccionalidad en la que la nota característica sea la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
La Administración promueve determinadas actividades o actuaciones para el bien común desde un punto de vista de una relación más directa con los ciudadanos, coparticipando con el uso de las nuevas tecnologías en la tarea pública y, por tanto, la manifestación democrática de las sociedades viene nutrida de lo que se ha denominado como gobierno abierto al barnizarse su operatividad con los procesos participativos.
El gran paso en este sentido se produce con la llegada a la Presidencia de los Estados Unidos de América de Barack Obama trayendo consigo aire fresco en el tema que nos ocupa con su planteamiento de un gobierno abierto y participativo, obviamente basado en el desarrollo de las redes sociales y, por extensión de las nuevas tecnologías, al ser estos dos pilares en los que sustentó su campaña electoral presidencial allá por el 2008.
Este nuevo enfoque lo que produce es un empuje en el reconocimiento a los ciudadanos en su tarea colaborativa en la función pública, siendo el caso estadounidense significativo con la irrupción de elementos propios de la smart governance como las plataformas de crowdsourcing ciudadano que se orientan a la generación de procesos de producción e innovación colectiva involucrando a determinados colectivos sociales o bien al conjunto de una comunidad política, sobre todo, en el ámbito local. En concreto, las administraciones públicas que las promueven cuentan con un papel esencial a la hora de establecer las tareas y objetivos generales dentro de una comunidad de participantes voluntarios no expertos, normalmente ciudadanos que ofrecen parte de su tiempo y conocimiento dentro de ese espacio y contribuyen en las dinámicas de solución de problemas públicos que plantea la propia organización.
En el caso reseñado aparecen ciertos alicientes a la tarea democrática como la posibilidad de que se ejecuten premios aparejados a esa tarea democrática, fomentando así esa actitud por parte de los ciudadanos. El concepto clave es la colaboración en la gestión de lo público entre los ciudadanos y el sector público, y el canal que se emplea para acometer estos procesos participativos es el propiciado por internet y las nuevas tecnologías. Se alcanza con ello una nueva dimensión participativa superando barreras físicas tradicionales y dando forma con ello el futuro próximo de los entornos democráticos.
La democracia es un sistema de organización humana dinámico. No puede permanecer estático. Por su propia naturaleza requiere de avance o retroceso, siendo esta última opción la menos deseada por lo que implica en regresión de derechos fundamentales y libertades públicas. De ahí que desde el punto de vista del derecho y de la organización jurídico-política general lo que se trata de subrayar es el avance de la democracia haciendo uso de todos los progresos existentes, siendo el paradigma de todos ellos el avance de las tecnologías que multiplican las posibilidades de conexión e interacción entre los ciudadanos.
Como dijimos antes, la smart governance basada en procesos participativos de lo que se nutre es de la idea de una sociedad red en la que todos participan gracias a las tecnologías derivadas de internet y en la concepción de que todos los ciudadanos pueden contribuir a la mejora del desarrollo social y político. Así, por parte de las administraciones públicas se ve como un proceso lógico y natural que su desarrollo debe descansar en mayores niveles de interacción con la ciudadanía al compás de la evolución de las tecnologías.
No solo en el extranjero: perspectiva nacional y valenciana
Son amplios y diversos los ejemplos que podemos indicar de procesos participativos desarrollados con la implantación de instrumentos de participación ciudadana íntegramente tecnológicos. Y ello se plasma no solo allende nuestras fronteras: también tenemos ejemplos muy próximos de administraciones públicas que los utilizan y que nos pueden familiarizar con esta manifestación de una gobernanza más cercana e inteligente. En concreto en la Comunidad Valenciana se ha tenido un desarrollo participativo considerable impulsado por la Dirección general de Participación ciudadana en el marco de la Conselleria de Participación Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática.
El ejemplo sobre el que nos vamos a apoyar es el proceso participativo denominado la Vega Renhace y que ha supuesto un remedio técnico al planteamiento inicial de un proceso participativo presencial. Como consecuencia de la pandemia que nos asola hubo que reconfigurar muchas de las actuaciones públicas y este proyecto no fue una excepción.
La idea original era hacer partícipes a los ciudadanos para encontrar soluciones conjuntas con las Administración para paliar o reconfigurar los escenarios que padecen las denominadas DANA (depresiones aisladas en niveles altos) o gota fría. El uso mediante las tecnologías de la información y la comunicación propició que este mecanismo tan necesario y amparado en la emergencia climática tuviera el eco y canal oportuno mediante su desarrollo en formato online. Sin duda las cuestiones climáticas, en esta continua adaptación de las soluciones democráticas a los problemas actuales, son una nueva vía para desarrollar formatos participativos de índole tecnológico. Así, del procedimiento para contribuir por parte de la ciudadanía a establecer mejoras en cuanto a los desastres causados, en este caso cuestiones climáticas generadas por lluvias torrenciales, se genera un avance tecnológico considerable que propicia la interacción, en tiempo real, de los diferentes sectores perjudicados por estas catástrofes y se propicia un debate entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y la Administración, que se plasma en el planteamiento de soluciones en la decisión conjunta en cuanto a la adaptación de unas u otras, mediante procesos participativos y democráticos.
Supone un punto de inflexión y un punto de avance en cuanto a esta concepción del ciudadano no como sujeto paciente, sino como elemento activo de la sociedad que interacciona con las tecnologías que emplea para su desarrollo profesional y para su ocio, aquí también para su compromiso para con la sociedad y la pretensión de ejercer de ciudadano con la toma de decisiones deliberadas y participadas. Todo ello implica que los ciudadanos puedan participar mediante redes telemáticas o mediante procesos telemáticos con foros y con posibilidad de proponer a la administración pública soluciones que desde la propia experiencia ciudadana pueden aportar para mejorar este tipo de situaciones.
La evolución en el corto plazo
Por último, y para ejemplificar con un elemento que es fácilmente reconocible por todos como paradigma de los procesos participativos debemos poner sobre la mesa la cuestión y evolución de los denominados presupuestos participativos. Dicho instrumento es por antonomasia el mecanismo participativo con mayor repercusión y que ha tenido mayor fama a lo largo de estos años desde su puesta en marcha en Porto Alegre, Brasil, a finales de los años ochenta del pasado siglo. Por eso, la evolución tecnológica de esta denominada gobernanza inteligente supone un punto de inflexión también en esta cuestión en cuanto a la posibilidad de implementar esos presupuestos participativos en base a foros y mecanismos auspiciados por las nuevas tecnologías. Este salto cualitativo en cuanto a la posibilidad de abrir la participación de los ciudadanos a una opción tan trascendente como es la gestión de los asuntos públicos en la determinación de las asignaciones de partidas presupuestarias es el elemento más cercano y próximo sobre el que debemos poner el foco.
La smart governance se materializa así en que se tenga un mayor impulso por parte de la ciudadanía a la hora de participar en la cuestión presupuestaria. La posibilidad de que los ciudadanos planteen propuestas para que sean susceptibles de ser votadas ya es un avance. El hecho de que cada una de las propuestas tenga su propio espacio web para que los ciudadanos puedan comentar y colaborar en la perfección y codiseño de las propuestas también genera un notorio crecimiento y mejora en la eficacia y eficiencia de la tarea presupuestaria. El ajuste técnico y económico, obviamente tarea gubernamental, se da la mano con las iniciativas ciudadanas que se proyectan en las mejoras públicas de las propuestas. Al generar un alcance mayor de las diferentes opciones el resultado final debe ser, por fuerza, más ajustado a las necesidades de los ciudadanos. Su repercusión en la reducción de desigualdades sociales solo se verá plasmada con su práctica, pero a priori puede colegirse que el mayor número de ciudadanos en la presentación de propuestas, su mejora colectiva y su definitiva votación puede conllevar un avance considerable en las medidas democráticas que posibiliten una mejora colectiva. Es así el modo en el que las nuevas tecnologías y la participación de los ciudadanos se interconectan para propiciar escenarios democráticos no solo más eficientes y eficaces, sino también en mayor medida realizadores de la propia naturaleza de los entornos democráticos que no es otra que alentar y propiciar la mayor participación del mayor número de ciudadanos en las mayores actividades con resonancia pública.
Es, también, en este sentido la Generalitat Valenciana una administración pionera en esta dirección con su proyección de unos presupuestos participativos autonómicos de próxima implantación. El éxito de esta iniciativa solo será posible con una gradual asimilación de la participación con el uso de las nuevas tecnologías siendo así una plasmación superadora de la tradicional concepción participativa reducida a lo local y restringida a procesos de poca enjundia debido a las limitaciones materiales de propiciar debates y entornos amplios para decisiones conjuntas.
Gobernanza participativa: gobernanza inteligente
La gobernanza inteligente es aquella en la que participa la ciudadanía porque es la fuente y destino de todas las decisiones que se toman en los entornos democráticos. El empleo de las nuevas tecnologías en todos los diferentes aspectos de la vida humana no puede quedar de lado cuando, precisamente, el desarrollo democrático implica una mayor integración de los ciudadanos en los asuntos públicos.
El ritmo de vida propio de nuestra era, la asimilación de las nuevas tecnologías en la mejora de todos los procesos productivos y la conciencia de que la facilitación de la vida humana pasa por una mayor democratización y alcance de las posibilidades que ofrece Internet y sus derivados nos conducen a la conclusión de que solo mediante las nuevas tecnologías, en este denominada era digital, es la que provocará un verdadero crecimiento democrático de las sociedades. Si se quiere progresar como organizaciones democráticas debe impulsarse la participación de los ciudadanos y solo se podrá hacer de la mano de las nuevas tecnologías. La smart governance, la gobernanza inteligente, es y será la que conlleve más interacción ciudadana con los servidores públicos y el único método propiciatorio de ello es el empleo de las TIC.
Profesor de Derecho constitucional de la Universidad de València. Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración.
Licenciado en Derecho por la Universidad CEU Cardenal Herrera (2009) y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat de València (2014), siendo premio extraordinario de licenciatura. Es, además, Doctor en Derecho por la Universitat de València (2019), habiendo obtenido la máxima calificación en su tesis doctoral (sobresaliente cum laude y mención internacional).
Su investigación se centra en el ámbito de la innovación democrática y la modernización de las políticas públicas mediante la participación ciudadana y con los instrumentos de la era digital. Sobre ello, ha desarrollado períodos de investigación en Universidades italianas como la Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" y la Università degli Studi di Palermo.
