ScienceFlows reivindica en una carta abierta coordinada por la Fundación Maldita que los grupos parlamentarios otorguen a la CNMC las competencias necesarias para aplicar la DSA en España.
La ley de Servicios Digitales (Digital Service Act) aprobada en octubre de 2022 por la Comisión Europea tiene como objetivo proteger los derechos fundamentals de los ciudadanos europeos al reconocer la enorme influencia que las grandes plataformas y buscadores digitales pueden ejercer.
Como se detalla en el reglamento de la UE de Servicios Digitales, son los Coordinadores de Servicios Digitales nacionales de cada estado miembro los encargados de su ejecución. En España esto corresponde a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). Sin embargo, el Congreso no ha tramitado la normative necesaria para que la CNMC obtenga las atribuciones necesarias para ejecutarla.
Por ello, más de 20 organizaciones y 40 investigadores se han unido en una carta abierta para reclamar que las grandes plataformas y los buscadores apliquen esta normative que supondría que asumieran la obligación de identificar y reducir los riesgos que sus servicios suponen. Esto supone, entre otros, que los investigadores y académicos no cuentan con la intermediación de la CNMC para acceder a datos clave de las grandes plataformas para estudiar los riesgos derivados de su diseño.
