La investigación desarrollada se centra en la perspectiva jurídica de las ciencias de la vida. El grupo reúne a investigadores de diversas disciplinas jurídicas que abordan los desafíos planteados por la biología, la medicina y la genética desde planteamientos jurídicos, realizando propuestas de política legislativa y análisis de supuestos complejos suscitados como consecuencia de los retos generados a partir del desarrollo científico de las ciencias de la vida.

La actividad principal de investigación que ocupará al grupo conformado bajo el nombre "Derechos humanos y democracia inclusiva en un mundo global", bajo la dirección y coordinación del profesor Javier de Lucas tiene por objetivo la promoción, la investigación de las diversas áreas en las que los integrantes son expertos y la trasferencia de conocimientos a la sociedad a través de la publicación de los resultados obtenidos en el área de los derechos humanos. 

El grupo cuenta con unos conocimientos sólidos en cuestiones relativas a la garantía de derechos humanos dentro del modelo de democracia basada en la inclusión y los desafíos que a este marco le plantea un mundo global. Una amplia mayoría de los integrantes del grupo han formado parte de múltiples proyectos de investigación en los que se han investigado estos temas. Lo que se pretende mediante la creación de este grupo es continuar desarrollando la imprescindible investigación de las cuestiones relativas a: la extensión del concepto de ciudadanía; la participación política de la población migrante; la garantía de los derechos sociales como base para la integración de la población; la construcción de indicadores para la evaluación del desarrollo de las políticas públicas de integración de personas y la garantía de sus derechos; la garantía de derechos fundamentales en sociedad multiculturales, entre otras, todas ellas imprescindibles en la construcción de una democracia inclusiva. En este sentido, y beneficiándose tanto de los conocimientos adquiridos, como de la amplia red de intercambio de conocimientos y sinergias tejida a nivel nacional e internacional, el grupo pretende continuar analizando los nuevos desafíos que se plantean a las sociedades actuales respecto de la garantía de derechos.

Análisis de las desigualdades de género en el ámbito socio-económico, tanto en la vertiente de las políticas públicas como en las relaciones entre sujetos privados y en el marco de las organizaciones, haciendo uso de las herramientas metodológicas correspondientes a la ciencia jurídica, la sociología, la economía y el trabajo social.

El grupo de investigación cuya constitución se solicita parte de una historia de colaboraciones en una área de interés común como es el estudio de las políticas sociales con carácter general y en particular aquellos instrumentos de protección social pública destinados a dar cobertura a situaciones de necesidad que tienen como punto central el trabajo o mejor dicho su ausencia y las consecuencias que este hecho tiene sobre la vida de las personas, generando un espacio de exclusión del que sin ayuda del soporte público es muy difícil salir. En este sentido la mayoría de los investigadores que integran este grupo participan en este momento de un I+D, MINECO del que soy IP, con el título Los instrumentos de protección social pública en la gestión del cambio laboral, DER2014-52549-C4-4-R (Plan Nacional I+D+I Retos de Investigación, Ministerio de Economía y Competitividad) Se trata de un proyecto de la modalidad de Proyectos coordinados, en el que el proyecto coordinador lo desarrolla la Universidad de Sevilla, bajo las directrices del Profesor Cruz Villalón, con el título; Retos de la gestión del cambio en la empresa desde la perspectiva laboral y social, DER2014-52549-C.

Entre los objetivos de este grupo:

1. Analizar desde la perspectiva internacional y local la eficacia de las políticas de empleo para garantizar el acceso de los ciudadanos a un empleo de calidad que garantice una existencia en condiciones de dignidad alejada de la pobreza y la capacidad de dichas políticas para rescatar a las personas que han sido expulsadas del empleo y de la sociedad y que si sitúan en los colectivos vulnerables, en situación o riesgo de exclusión sociolaboral. En definitiva, se trata de identificar políticas de empleo que generen mercados laborales inclusivos.
2. Estudiar el impacto que los cambios sociolaborales producidos en los últimos años han tenido en la adecuación en términos de cobertura e intensidad de las prestaciones del sistema de protección social e identificar sus insuficiencias en cuanto manifestación adicional del reequilibrio de intereses derivado de los procesos de cambio en la realidad empresarial. El análisis comprende tanto las prestaciones por desempleo, de nivel contributivo y asistencial, rentas mínimas de inclusión. como las medidas de acción social y asistencia social.
3. Estudiar las cuestiones que se plantean en torno a la sostenibilidad del sistema público de protección social y explorar las posibilidades de conseguir el reequilibrio del mismo mediante la generación de empleos de calidad en empresas productivas y competitivas.
4. Analizar la concepción estructural del cambio laboral en la empresa, equilibrado en la consideración de los diversos intereses presentes en ella, diseñado desde la inicial consideración del ordenamiento español pero concebido en el contexto de las políticas europeas, desde premisas comparadas y eventualmente desde otros ordenamientos europeos. 
5. Evaluar el papel del FOGASA en las situaciones de extrema necesidad de las empresas (insolvencia y concurso) y valorar las posibilidades de utilizar las fórmulas de protección del crédito salarial para financiar las indemnizaciones extintivas de contratos, así como su reutilización en la consecución de itinerarios de formación y empleo o el acceso a la jubilación parcial. 
6. Analizar el sistema de formación profesional para el empleo, señalando sus carencias y deficiencias, y formular propuestas de mejora para que se adecue a las exigencias del mundo empresarial y, al mismo tiempo, contribuya al incremento de la empleabilidad de los trabajadores. 
7. Examinar el papel de los servicios públicos de empleo como agentes de la intermediación laboral y explorar medidas que contribuyan a su modernización y mejora y, en definitiva, al incremento de su eficacia y eficiencia en la colocación de personas desempleadas. Evaluar la eficacia de los incentivos económicos en la creación y el mantenimiento del empleo, en particular referidos a los vulnerables.
    

Se trata de identificar los conceptos jurídicos propios del que denominamos Antiguo Régimen que se discuten en las cortes liberales a partir de principios del siglo XIX.

A partir de su discusión en el parlamento español buscamos saber en qué medida son sustituidos todos estos elementos por una nueva formulación legal y doctrinal. Nos interesa ver hasta qué punto y en qué medida se lleva a cabo efectivo la sustitución de un régimen que, en contra de lo que a veces se piensa, pensamos se mantuvo, en muchas ocasiones, inalterable o con ligeras modificaciones a lo largo de los años.

Con motivo de las primeras cortes liberales, los legisladores dirigen la mirada hacia instituciones políticas y jurídicas casi obligadas o que, con los nuevos tiempos, reinterpretarán de una manera ideológicamente interesada o, al menos, actualizada, es decir, desde una nueva construcción del que es el poder y su legitimidad. Pero el contexto social y económico era muy diferente, y su impronta en la letra de la ley inevitable; solo nos queda concretar en qué medida.

Lo que queremos es identificar estas reinterpretaciones jurídicas y políticas y sus manifestaciones en la nueva legislación codificadora.

Por lo tanto, se trata de un campo de estudio que tiene unos contornos poco definidos puesto que la reformulación de todo el sistema no supuso su derogación ni sustitución, sino que, a veces, fue su completo mantenimiento, aunque con nuevas formas. En cuanto al contenido, tendremos que ver cuál será su transición hacia la nueva redacción.

Desde estas difíciles fronteras, nos adentraremos tanto en las instituciones como en el Derecho, y tanto público como privado. Es decir, que nos interesa tanto la reformulación de lo que es el parlamento en sí, como la legislación que de él emana, tanto para la construcción de una nueva justicia, como de una nueva administración en sus diversas demarcaciones territoriales. Por lo tanto, estudiaremos tanto el derecho sustantivo, civil, administrativo o constitucional, como el procesal orgánico y procedimental.

La actividad investigadora desarrollada por este grupo se centra en dos aspectos esenciales y complementarios de la actividad jurídica. Por un lado, en el estudio del proceso como instrumento para la obtención de una tutela judicial efectiva, cuando en el desarrollo de una relación jurídica se ha producido un conflicto o se ha vulnerado una norma de carácter penal, que compromete los valores y principios esenciales de nuestra sociedad, produciéndose en ambos casos una alteración de la paz social y una afectación de la seguridad jurídica, imprescindibles para el progreso de cualquier nación. Y, por otro, en el análisis de los instrumentos complementarios a la jurisdicción capaces de ofrecer igualmente -o no- una tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos de las personas, cuando estos se ven comprometidos en los diversos ámbitos: civil, penal, laboral o administrativo.

Como corolario, la investigación que este grupo está desarrollando y desarrollará supone abordar el artículo 24 de nuestra Constitución, desde una posición interdisciplinar, crítica y amplia, que supone una revisión de la jurisprudencia constitucional al respecto y su extensión al ámbito internacional, especialmente al de la UE. Así, los miembros de este grupo de investigación, han venido prestando una especial atención a la normativa europea e internacional, plasmada en la participación en diversos proyectos de investigación, la realización de publicaciones y la impartición de cursos sobre la actividad procesal de los tribunales internacionales, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones extranjeras -o no-, así como la cooperación jurídica internacional.

El derecho penal tiene un carácter bifronte: por un lado previene la comisión de delitos y en esa medida protege los derechos de todos los ciudadanos, y por otro lado garantiza que el poder estatal de castigar se ejerza de acuerdo a una serie de garantías, por lo que protege especialmente los derechos fundamentales de los acusados y condenados. Desde esta tensión entre prevención y garantías ha estudiado tradicionalmente la dogmática los fundamentos y límites del ordenamiento jurídico. Para este fin, la posición central de los principios constitucionales y la protección de los derechos fundamentales ha servido para defender un discurso político-criminal donde el respeto al principio general de libertad pueda legitimar el ius puniendi estatal. No obstante, el análisis del Derecho penal contemporáneo muestra una acusada tendencia hacia el aumento del rigor punitivo y hacia la consideración de la peligrosidad criminal como fundamento de las sanciones penales. Esta tendencia puede fácilmente observarse en las reformas legislativas del Código penal español desde su aprobación en 1995, siendo de especial importancia la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código penal, donde se introducen instituciones de dudosa constitucionalidad como la prisión permanente revisable, además de la expansión de medidas de seguridad como la libertad vigilada. En ambos casos, son pronósticos de peligrosidad criminal los que fundamentan la ejecución de las sanciones.

El grupo de investigación sobre "Prevención y garantías penales" pretende estudiar esta evolución, partiendo del respeto a los principios constitucionales y la protección de los derechos fundamentales como marco metodológico de la investigación, para valorar críticamente las insuficiencias de estas nuevas tendencias político-criminales, utilizando la formación en Criminología de gran parte de los miembros del grupo para establecer relaciones entre ésta y el Derecho penal. El carácter interdisciplinar del grupo de investigación permitirá estudiar respuestas que puedan adaptar el discurso garantista a la implementación de técnicas preventivas eficaces frente a los nuevos retos político-criminales propios de los cambios sociales, además de valorar la adecuación al sistema de justicia penal de nuevas formas de resolución de conflictos propias de la justicia restaurativa, como es la mediación penal. Asimismo, se estudiarán fenómenos criminológicos concretos, como la prevención y tratamiento de la delincuencia sexual, además de los supuestos de cibercriminalidad donde el hecho criminal presenta una correlación con los avances derivados de la tecnología de la información.

En todo caso, la actividad del grupo de investigación perseguirá ofrecer una perspectiva que integre el Derecho penal comparado, así como la normativa internacional, para reforzar las propuestas de lege lata y lege ferenda resultantes.

La actividad se centra en el estudio aplicativo de los sistemas legales actuales territoriales y la problemática de los procedimientos, tanto desde la vertiente del ingreso como del gasto.

• La Ley 34/2015 modificó sustancialmente todos los títulos de la Ley General Tributaria, aplicable a la Hacienda Local. Actualmente se encuentran pendientes de aprobación los RD de modificación de todos los Reglamentos de desarrollo de la LGT. Asimismo, las nuevas Leyes 39/2015 y 40/2015 de Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas obligan a introducir notables modificaciones en el marco de actuación de las Entidades Locales en sus relaciones con los ciudadanos que también afectan al ámbito tributario.
• En los últimos años se ha incrementado notablemente el volumen de conflictividad en relación con los tributos locales, en dimensiones distintas:
  • correspondencia de la Ordenanzas Fiscales a la Constitución, LGT y a la LHL 
  • procedimientos para la elaboración y aprobación de dichas Ordenanzas.
  • actos de gestión tributaria local
• Las estrategias de control tributario y recuperación de deuda de las Haciendas autonómica y Local se encuentran muy alejadas de las diseñadas e implantadas con éxito en el ámbito estatal por la Agencia Tributaria.
• Por otra parte, en estos momentos de cambio climático se hace necesario el desarrollo de una investigación aplicada a diversos objetivos simultáneos: combinar la promoción turística con un desarrollo sostenible que preserve el medio ambiente como valor intrínseco, la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación municipal que persigan las anteriores finalidades y un incremento de la suficiencia financiera de las Corporaciones Locales en la cobertura del coste de los servicios. En España todavía resultan escasas las experiencias pioneras en esta dirección pero en el ámbito comparado resulta posible atender a las soluciones aplicadas en entornos con singularidades geográficas y turísticas similares. Se pretende proyectar la potencialidad de los tributos como mecanismos fundamentales para avanzar en una doble dirección: 
  • por un lado, la superación de los endémicos escenarios de insuficiencia financiera de las Corporaciones Locales;
  • por otro, la idoneidad de la actuación pública local, como nivel de gobierno más cercano al ciudadano y sobre el que opera en primera línea el objetivo de salvaguarda y mejora de la idiosincrasia y valores propios del municipio.
• Por último, la igualdad entre hombres y mujeres así como la transparencia y el buen Gobierno deben ser tenidos en cuenta a la hora de cumplir con la exigencia de la justicia en el gasto público. Por ello es necesario analizar y plantear el marco general normativo para la realización de presupuestos participativos y presupuestos con perspectiva de género. En efecto, la vinculación del gasto público a unos principios objetivos de justicia material es una exigencia insoslayable. El principio de justicia en el gasto público se convierte en el sustrato material de la obligación de todas las Administraciones Públicas de elaborar sus presupuestos con perspectiva de género puesto que se debe tener claro que para conseguir la igualdad, la justicia material proclamada constitucionalmente, se deben elaborar unos presupuestos con perspectiva de género, lo que no supone en modo alguno destinar más recursos a programas o actuaciones dirigidos a las mujeres, sino, tan sólo, una diferente forma de analizar y elaborar los presupuestos tradicionales, actuación en la que subyace la consecución de objetivos de eficacia y eficiencia económica. pero no sólo la vertiente del gasto público, tanto los ingresos como los gastos públicos, deben analizarse desde una perspectiva de género para la consecución de esa justicia financiera a la que deben dirigirse por mandato constitucional.