La investigación desarrollada se centra en la perspectiva jurídica de las ciencias de la vida. El grupo reúne a investigadores de diversas disciplinas jurídicas que abordan los desafíos planteados por la biología, la medicina y la genética desde planteamientos jurídicos, realizando propuestas de política legislativa y análisis de supuestos complejos suscitados como consecuencia de los retos generados a partir del desarrollo científico de las ciencias de la vida.
Nuestro grupo tiene una larga trayectoria de investigación de 11 años, desde nuestro primer proyecto nacional BJU2003-07935 Desarrollo contractual de las redes de franquicia, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hasta los actualmente vigentes CELDEFCOM Coordinación empresarial lícita en el Derecho de defensa de la competencia del Ministerio de Economía y Competitividad y PROMETEU/ 2015/019/FASEII Redes empresariales y Derecho de la competencia de la Consellería de Educació Generalitat Valenciana. Durante este periodo hemos obtenido y desarrollado un total de cinco proyectos nacionales, dos proyectos Prometeo, dos contratos con la Comisión Europea en materia de formación de jueces nacionales en Derecho europeo de la competencia y hemos participado igualmente en dos proyectos o contratos de investigación europeos Inter-firm networks in the wine industry in Europe, VI Programa Marco, Comisión Europea, dirigido por Fabrizio Caffaggi (European University Institute), y 'Study on the legal framework covering business-to-business unfair trading practices in the retail supply chain' Tender MARKT/2012/049/E, DG-V DE LA COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA.
Los objetos centrales de nuestro grupo son, de una parte, el análisis jurídico de la colaboración empresarial desde una perspectiva poliédrica que abarca el Derecho de contratos -contratos de distribución, agencia o franquicia-, el Derecho societario -agrupaciones de interés económico, UTEs, Clusters, o los llamados grupos por coordinación-, los derechos de propiedad intelectual -transferencia de tecnología o licencias de software-, el Derecho concursal -concurso del franquiciado o del fabricante de automóviles y efectos sobre su red de subcontratistas o de concesionarios- y el Derecho de la competencia -marco lícito de la colaboración empresarial, efectos acumulativos de red en los reglamentos de exención por categorías, toma en consideración de las redes empresariales en materia de concentraciones-.
Durante estos años hemos publicado un total de organizado en nuestra Universidad un total de ocho libros colectivos, además de las seis monografías de miembros del grupo, y más de doscientos artículos en revistas nacionales e internacionales, por no contar los innumerables comentarios de sentencias europeas y nacionales, así como la participación de nuestros miembros en actividades universitarias de la EUIPO y de la EIPTN. Hemos organizado además un total de 23, congresos o simposios, nacionales, además de organizar innumerables ciclos de conferencias y cursos con participación de ponentes de otras universidades españolas y extranjeras.
Los miembros de nuestro grupo han sido además regularmente invitados por otras Universidades y grupos de investigación, europeos y americanos además de haber sido ponentes en más de cien congresos y jornadas realizadas en otras Universidades, Instituciones o centros de investigación y foros profesionales o empresariales de nuestro país o extranjeros.
Nuestros miembros han realizado diversas estancias en instituciones científicas extranjeras de prestigio como el European University Institute of Florence, los Max Planck Institute de Múnich y Hamburgo, la London School of Economics, la Harvard University, la Oxford University, la Ludwig Maximilian Universität de Múnich, la Humbolt Universität de Berlin, Trinity College of Dublín, o Università degli Studi di Firenze. Dos de nuestros miembros han recibido la beca de la Fundación Alexander von Humboldt. Durante este periodo se han leído además seis tesis doctorales dirigidas por miembros de nuestro grupo.
La actividad principal de investigación que ocupará al grupo conformado bajo el nombre "Derechos humanos y democracia inclusiva en un mundo global", bajo la dirección y coordinación del profesor Javier de Lucas tiene por objetivo la promoción, la investigación de las diversas áreas en las que los integrantes son expertos y la trasferencia de conocimientos a la sociedad a través de la publicación de los resultados obtenidos en el área de los derechos humanos.
El grupo cuenta con unos conocimientos sólidos en cuestiones relativas a la garantía de derechos humanos dentro del modelo de democracia basada en la inclusión y los desafíos que a este marco le plantea un mundo global. Una amplia mayoría de los integrantes del grupo han formado parte de múltiples proyectos de investigación en los que se han investigado estos temas. Lo que se pretende mediante la creación de este grupo es continuar desarrollando la imprescindible investigación de las cuestiones relativas a: la extensión del concepto de ciudadanía; la participación política de la población migrante; la garantía de los derechos sociales como base para la integración de la población; la construcción de indicadores para la evaluación del desarrollo de las políticas públicas de integración de personas y la garantía de sus derechos; la garantía de derechos fundamentales en sociedad multiculturales, entre otras, todas ellas imprescindibles en la construcción de una democracia inclusiva. En este sentido, y beneficiándose tanto de los conocimientos adquiridos, como de la amplia red de intercambio de conocimientos y sinergias tejida a nivel nacional e internacional, el grupo pretende continuar analizando los nuevos desafíos que se plantean a las sociedades actuales respecto de la garantía de derechos.
Este grupo, que ahora solicita su acceso al registro de grupos de investigación, viene desarrollando desde hace décadas, a partir de los estudios e investigaciones pioneras en la materia llevados a cabo por el profesor Jesús Ballesteros, varias líneas de investigación prolongadas y actualizadas en el tiempo, sobre diversas facetas de los derechos humanos, que en los últimos años se han centrado específicamente en cuestiones relacionadas con la justicia internacional, con especial atención a los retos de la paz y el desarrollo sostenible, cuyos resultados más recientes son los siguientes proyectos de investigación financiados, además de un importante número de publicaciones y monografías en editoriales y revistas científicas de prestigio:
- Proyecto Prometeo fase II. Referencia: PROMETEO II/2014/080. (Desde 1-1-2014 hasta 31-12-2017) El papel del Derecho en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Ayudas para grupos de investigación de excelencia.
- Programa Justicia global (Diké). Ayudas a grupos de investigación para la constitución y acreditación de las redes de excelencia ISIC (Institutos Superiores de Investigación Cooperativa). Referencia: ISIC/2012/017 (Desde 1-1-2012-hasta 31-12-2015).
- Programa PROMETEO para grupos de investigación de excelencia. Generalitat Valenciana. Desde 1-I-2010 hasta 31-XII-2013. Derechos humanos, sostenibilidad y paz. Investigador principal: Jesús Ballesteros.
- El Proyecto de Investigación I+D+I del MEC, dirigido por el Dr. J. Ballesteros: Globalización y Justicia Internacional: seguridad humana, paz y desarrollo sostenible (SEJ-2007-67270/JURI).
- El proyecto I+D+I de la Generalitat (años 2007-2008) dirigido por la Dra. Encarnación Fernández: Los Estados en crisis y la justicia internacional (GV/2007/061).
- El proyecto I+D+I financiado por la Generalitat Valenciana, dirigido por la Dr. Pilar González Altable: La teoría de la democracia ante los desafíos contemporáneos; competencia cívica y globalización (GV00-158-08).
Este grupo también constituye el núcleo de profesores responsables de un programa de doctorado que cuenta con una larga trayectoria que se remonta a 1989 con el programa de doctorado titulado "Derechos humanos, ética y democracia". A este programa le sucedió el de "Derechos humanos y problemas actuales"(Programa de carácter internacional en colaboración con la Universidad de Palermo y con mención de calidad); En la actualidad el propio profesor Ballesteros dirige el Programa de Doctorado titulado "Sostenibilidad y Paz en la era posglobal".
La constitución formal de este grupo obedece a una demanda cada vez mayor de estudios y trabajos especializados, de orientación práctica, en el ámbito de los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible, que aporten nuevas líneas de actuación y sugieran mecanismos eficaces de protección y garantía de los derechos en diversos campos ante los nuevos desafíos a los que se enfrenta la sociedad.
Existe una conciencia social amplia sobre la necesidad de profundizar en la idea de indivisibilidad e interdependencia de los Derechos humanos, como respuesta a las terribles lacras (las guerras, el subdesarrollo y la explotación indiscriminada y salvaje de los recursos naturales) que asolan a la humanidad. La sociedad demanda asumir la perspectiva que da primacía a la plena realización y cumplimiento de todos los derechos para todos los seres humanos (no sólo los del primer mundo) y poner el énfasis no sólo en el crecimiento económico sino en un desarrollo verdaderamente humano y sostenible (centrado en la satisfacción de las necesidades básicas de las personas). Desde esa perspectiva se puede contribuir a la construcción de una paz a nivel local (países devastados por conflictos de toda índole) y a nivel global. En otras palabras: la paz, el desarrollo y a efectividad de los derechos sólo pueden alcanzarse conjuntamente.
Análisis de las desigualdades de género en el ámbito socio-económico, tanto en la vertiente de las políticas públicas como en las relaciones entre sujetos privados y en el marco de las organizaciones, haciendo uso de las herramientas metodológicas correspondientes a la ciencia jurídica, la sociología, la economía y el trabajo social.
Análisis jurídico de las normas tributarias nacionales e internacionales desde una perspectiva constitucional, de derecho de la Unión Europea y comparativa. Verificación de la legalidad de los procedimientos de aplicación de los tributos que forman parte de los sistemas tributarios.
El grupo de investigación cuya constitución se solicita parte de una historia de colaboraciones en una área de interés común como es el estudio de las políticas sociales con carácter general y en particular aquellos instrumentos de protección social pública destinados a dar cobertura a situaciones de necesidad que tienen como punto central el trabajo o mejor dicho su ausencia y las consecuencias que este hecho tiene sobre la vida de las personas, generando un espacio de exclusión del que sin ayuda del soporte público es muy difícil salir. En este sentido la mayoría de los investigadores que integran este grupo participan en este momento de un I+D, MINECO del que soy IP, con el título Los instrumentos de protección social pública en la gestión del cambio laboral, DER2014-52549-C4-4-R (Plan Nacional I+D+I Retos de Investigación, Ministerio de Economía y Competitividad) Se trata de un proyecto de la modalidad de Proyectos coordinados, en el que el proyecto coordinador lo desarrolla la Universidad de Sevilla, bajo las directrices del Profesor Cruz Villalón, con el título; Retos de la gestión del cambio en la empresa desde la perspectiva laboral y social, DER2014-52549-C.
Entre los objetivos de este grupo:
- Analizar desde la perspectiva internacional y local la eficacia de las políticas de empleo para garantizar el acceso de los ciudadanos a un empleo de calidad que garantice una existencia en condiciones de dignidad alejada de la pobreza y la capacidad de dichas políticas para rescatar a las personas que han sido expulsadas del empleo y de la sociedad y que si sitúan en los colectivos vulnerables, en situación o riesgo de exclusión sociolaboral. En definitiva, se trata de identificar políticas de empleo que generen mercados laborales inclusivos.
- Estudiar el impacto que los cambios sociolaborales producidos en los últimos años han tenido en la adecuación en términos de cobertura e intensidad de las prestaciones del sistema de protección social e identificar sus insuficiencias en cuanto manifestación adicional del reequilibrio de intereses derivado de los procesos de cambio en la realidad empresarial. El análisis comprende tanto las prestaciones por desempleo, de nivel contributivo y asistencial, rentas mínimas de inclusión. como las medidas de acción social y asistencia social.
- Estudiar las cuestiones que se plantean en torno a la sostenibilidad del sistema público de protección social y explorar las posibilidades de conseguir el reequilibrio del mismo mediante la generación de empleos de calidad en empresas productivas y competitivas.
- Analizar la concepción estructural del cambio laboral en la empresa, equilibrado en la consideración de los diversos intereses presentes en ella, diseñado desde la inicial consideración del ordenamiento español pero concebido en el contexto de las políticas europeas, desde premisas comparadas y eventualmente desde otros ordenamientos europeos.
- Evaluar el papel del FOGASA en las situaciones de extrema necesidad de las empresas (insolvencia y concurso) y valorar las posibilidades de utilizar las fórmulas de protección del crédito salarial para financiar las indemnizaciones extintivas de contratos, así como su reutilización en la consecución de itinerarios de formación y empleo o el acceso a la jubilación parcial.
- Analizar el sistema de formación profesional para el empleo, señalando sus carencias y deficiencias, y formular propuestas de mejora para que se adecue a las exigencias del mundo empresarial y, al mismo tiempo, contribuya al incremento de la empleabilidad de los trabajadores.
- Examinar el papel de los servicios públicos de empleo como agentes de la intermediación laboral y explorar medidas que contribuyan a su modernización y mejora y, en definitiva, al incremento de su eficacia y eficiencia en la colocación de personas desempleadas. Evaluar la eficacia de los incentivos económicos en la creación y el mantenimiento del empleo, en particular referidos a los vulnerables.
La actividad investigadora a desarrollar por el Grupo de Investigación "Nuevos Conflictos y Proceso" se centra en el estudio de la constante adaptación de las normas procesales a los nuevos conflictos que se generan en la sociedad, tanto por la situación coyuntural de crisis económica -que exige una interpretación del ordenamiento jurídico de acuerdo con el contexto en el que se aplica-, como por la creciente evolución de las relaciones jurídicas a través de la sociedad de la información, y, en general, por la masificación de la litigiosidad.
El instrumento procesal debe ser adecuado para que tanto los particulares que acuden a los órganos jurisdiccionales, como estos últimos, puedan obtener y otorgar, respectivamente, la tutela judicial de los derechos e intereses legítimos. La falta de adaptación de las normas procesales a los nuevos conflictos generados por la actual sociedad, puede suponer un obstáculo para obtener la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), uno de los derechos fundamentales consagrados por nuestra Constitución. En el proceso civil, por ejemplo, es cada vez mayor la tendencia a una socialización del mismo, pasando de un proceso individual entre dos sujetos enfrentados, a un proceso para la defensa de intereses colectivos de alcance general y cuya defensa no puede corresponder, por razones prácticas, a sujetos individuales. Por lo que respecta al proceso penal, la proyectada reforma del mismo requiere incorporar la doctrina elaborada por el TC -y que ha sido objeto de estudio detallado por este grupo de investigación-.
Este grupo de investigación cuenta ya con una larga trayectoria avalada por proyectos de investigación subvencionados tanto a nivel nacional como internacional y en los que han sido analizados temas como las técnicas para mejorar la efectividad de ciertos derechos; la reforma del proceso civil y la actual aplicación por los profesionales del derecho; el sistema de recursos ante los altos tribunales de justicia, la reforma del proceso penal o el derecho al recurso en el proceso penal, tema este último sobre el que está trabajando en estos momentos.
Se trata de identificar los conceptos jurídicos propios del que denominamos Antiguo Régimen que se discuten en las cortes liberales a partir de principios del siglo XIX.
A partir de su discusión en el parlamento español buscamos saber en qué medida son sustituidos todos estos elementos por una nueva formulación legal y doctrinal. Nos interesa ver hasta qué punto y en qué medida se lleva a cabo efectivo la sustitución de un régimen que, en contra de lo que a veces se piensa, pensamos se mantuvo, en muchas ocasiones, inalterable o con ligeras modificaciones a lo largo de los años.
Con motivo de las primeras cortes liberales, los legisladores dirigen la mirada hacia instituciones políticas y jurídicas casi obligadas o que, con los nuevos tiempos, reinterpretarán de una manera ideológicamente interesada o, al menos, actualizada, es decir, desde una nueva construcción del que es el poder y su legitimidad. Pero el contexto social y económico era muy diferente, y su impronta en la letra de la ley inevitable; solo nos queda concretar en qué medida.
Lo que queremos es identificar estas reinterpretaciones jurídicas y políticas y sus manifestaciones en la nueva legislación codificadora.
Por lo tanto, se trata de un campo de estudio que tiene unos contornos poco definidos puesto que la reformulación de todo el sistema no supuso su derogación ni sustitución, sino que, a veces, fue su completo mantenimiento, aunque con nuevas formas. En cuanto al contenido, tendremos que ver cuál será su transición hacia la nueva redacción.
Desde estas difíciles fronteras, nos adentraremos tanto en las instituciones como en el Derecho, y tanto público como privado. Es decir, que nos interesa tanto la reformulación de lo que es el parlamento en sí, como la legislación que de él emana, tanto para la construcción de una nueva justicia, como de una nueva administración en sus diversas demarcaciones territoriales. Por lo tanto, estudiaremos tanto el derecho sustantivo, civil, administrativo o constitucional, como el procesal orgánico y procedimental.
El Derecho de la Persona y de la Familia son dos sectores del ordenamiento jurídico fuertemente conectados, que experimentan una creciente evolución en las modernas sociedades, con gran repercusión para la vida cotidiana de las personas y en su libre desarrollo de la personalidad.
La importancia de las materias que forman el objeto de estas disciplinas y sus continuas transformaciones justifican la existencia de un Grupo de Investigación tendente a estudiarlas y a trasferir a la sociedad los resultados de las investigaciones que se lleven a cabo.
Los miembros del Grupo llevan años dedicándose al Derecho de la Persona y al Derecho de Familia, no sólo individualmente, sino como grupo cohesionado.
Han participado, así, en obras conjuntas, bajo la coordinación del responsable, tales como "Daños en el Derecho de Familia", Thomson-Aranzadi, 2006; "Comentarios a las reformas del Derecho de Familia de 2005", Thomson-Aranzadi, 2006; "Veinticinco años de aplicación de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen"; Thomson-Aranzadi, 2007; "El derecho a la imagen desde todos los puntos de vista", Thomson-Aranzadi, 2011; "Responsabilidad civil en las relaciones familiares", Thomson-Aranzadi, 2012; "Derecho Civil I" (Derecho de la Persona), 2ª ed., Tirant lo Blanch, 2021; "Derecho Civil IV (Derecho de Familia)", 4ª ed.,Tirant lo Blanch, 2021; "Tratado práctico interdisciplinar de las crisis familiares", Tirant lo Blanch, 2021; y "La compensación por desequilibrio en la separación y divorcio", Tirant lo Blanch, 2021.
Han participado como miembros de los Proyectos de Investigación (de los que es IP el resposable del Grupo) "La protección del derecho a la propia imagen frente medios de comunicación y nuevas amenazas tecnológicas" (2009-14519-C05-05), MINECO; "Impacto social de las crisis familiares" (DER2013-47577-R.), MINECO; "Governing Inheritance Statutes after the Entry into Force of EU Succession Regulation" (764204 GoinEu)"; y "Justice Programme" (2014-2020), "Integration, migration, transnational relationships. Governing inheritance statutes after the entry into force of EU succession regulations" (796041 GoInEUPlus), "Justice Programme" (2014-2020).
Actualmente participan en los Proyectos de Investigación (de los que es IP el responsable del Grupo) "La modernización del derecho de familia a través de la práctica jurisprudencial" (AICO/2021/0900), Generalidad Valenciana; y "Adaptation of rights in rem in cross-border successions within EU" (101007501 EU-ADAPT), JUST-JCOO-AG-2020.
La actividad investigadora desarrollada por este grupo se centra en dos aspectos esenciales y complementarios de la actividad jurídica. Por un lado, en el estudio del proceso como instrumento para la obtención de una tutela judicial efectiva, cuando en el desarrollo de una relación jurídica se ha producido un conflicto o se ha vulnerado una norma de carácter penal, que compromete los valores y principios esenciales de nuestra sociedad, produciéndose en ambos casos una alteración de la paz social y una afectación de la seguridad jurídica, imprescindibles para el progreso de cualquier nación. Y, por otro, en el análisis de los instrumentos complementarios a la jurisdicción capaces de ofrecer igualmente -o no- una tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos de las personas, cuando estos se ven comprometidos en los diversos ámbitos: civil, penal, laboral o administrativo.
Como corolario, la investigación que este grupo está desarrollando y desarrollará supone abordar el artículo 24 de nuestra Constitución, desde una posición interdisciplinar, crítica y amplia, que supone una revisión de la jurisprudencia constitucional al respecto y su extensión al ámbito internacional, especialmente al de la UE. Así, los miembros de este grupo de investigación, han venido prestando una especial atención a la normativa europea e internacional, plasmada en la participación en diversos proyectos de investigación, la realización de publicaciones y la impartición de cursos sobre la actividad procesal de los tribunales internacionales, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones extranjeras -o no-, así como la cooperación jurídica internacional.
El grupo de investigación "ReDePol" (acrónimo de "Religión, Derecho y Política") nace como cauce de difusión e intercomunicación de todas las actividades investigadoras y de transferencia relacionadas con el estudio del régimen jurídico del factor religioso -entendido como elemento integrante de la cultura y la identidad colectiva-, de sus consecuencias políticas y sociales.
A pesar de las tradicionales dificultades para definir lo religioso, es innegable que lo religioso hace referencia a la relación del hombre con la trascendencia, relación que supone inicialmente un acto de aceptación racional y libre por parte del hombre, que es el acto de fe. Así el acto de fe es la primera y fundamental característica del hecho religioso en las sociedades actuales. Junto a ello, lo religioso tiene otros componentes esenciales: uno doctrinal (creencias), otro cultural (ritos) y otro moral (comportamiento ético). Si a lo dicho añadimos que la exteriorización de los actos humanos es una necesidad antropológica, la religión adquiere una dimensión social por estar originada, precisamente, en un acto humano (el acto de fe). Es decir, el hombre siempre ha procedido asociadamente para la expresión y ejercicio de sus sentimientos religiosos. Consecuentemente, el fenómeno religioso, que tiene su origen en un acto interno, adquiere una dimensión social o comunitaria, que como tal sociedad necesita de un ordenamiento jurídico que la estructure. [Ubi societas, ibi ius.] La relevancia jurídica del hecho religioso va inscrita en la relevancia social. La religión se desenvuelve en la sociedad civil, se relaciona con otros ciudadanos no pertenecientes a la religión, está sometida a las Autoridades civiles... En consecuencia, el fenómeno religioso tiene relevancia pública para el Derecho estatal tanto para prever las consecuencias civiles del comportamiento religioso, sus relaciones con otros miembros de la comunidad política ajenos a la propia religión, o el sometimiento de las confesiones o grupos de creyentes a las normas estatales. Este ordenamiento jurídico es el objeto de estudio de la ciencia del Derecho Eclesiástico del Estado. Pero no se agota el fenómeno religioso en su tratamiento jurídico, sino que debe ser abarcado también desde el estudio de otras disciplinas sociales y humanas (psicología, antropología, política, filosofía, educación, etcétera).
Por ello, este grupo nace con la vocación de incorporar a especialistas de estas disciplinas, al objeto de completar una visión del hecho religioso desde una perspectiva global.
El derecho penal tiene un carácter bifronte: por un lado previene la comisión de delitos y en esa medida protege los derechos de todos los ciudadanos, y por otro lado garantiza que el poder estatal de castigar se ejerza de acuerdo a una serie de garantías, por lo que protege especialmente los derechos fundamentales de los acusados y condenados. Desde esta tensión entre prevención y garantías ha estudiado tradicionalmente la dogmática los fundamentos y límites del ordenamiento jurídico. Para este fin, la posición central de los principios constitucionales y la protección de los derechos fundamentales ha servido para defender un discurso político-criminal donde el respeto al principio general de libertad pueda legitimar el ius puniendi estatal. No obstante, el análisis del Derecho penal contemporáneo muestra una acusada tendencia hacia el aumento del rigor punitivo y hacia la consideración de la peligrosidad criminal como fundamento de las sanciones penales. Esta tendencia puede fácilmente observarse en las reformas legislativas del Código penal español desde su aprobación en 1995, siendo de especial importancia la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código penal, donde se introducen instituciones de dudosa constitucionalidad como la prisión permanente revisable, además de la expansión de medidas de seguridad como la libertad vigilada. En ambos casos, son pronósticos de peligrosidad criminal los que fundamentan la ejecución de las sanciones.
El grupo de investigación sobre "Prevención y garantías penales" pretende estudiar esta evolución, partiendo del respeto a los principios constitucionales y la protección de los derechos fundamentales como marco metodológico de la investigación, para valorar críticamente las insuficiencias de estas nuevas tendencias político-criminales, utilizando la formación en Criminología de gran parte de los miembros del grupo para establecer relaciones entre ésta y el Derecho penal. El carácter interdisciplinar del grupo de investigación permitirá estudiar respuestas que puedan adaptar el discurso garantista a la implementación de técnicas preventivas eficaces frente a los nuevos retos político-criminales propios de los cambios sociales, además de valorar la adecuación al sistema de justicia penal de nuevas formas de resolución de conflictos propias de la justicia restaurativa, como es la mediación penal. Asimismo, se estudiarán fenómenos criminológicos concretos, como la prevención y tratamiento de la delincuencia sexual, además de los supuestos de cibercriminalidad donde el hecho criminal presenta una correlación con los avances derivados de la tecnología de la información.
En todo caso, la actividad del grupo de investigación perseguirá ofrecer una perspectiva que integre el Derecho penal comparado, así como la normativa internacional, para reforzar las propuestas de lege lata y lege ferenda resultantes.
Análisis jurídico de las nuevas realidades y retos del mundo del trabajo por cuenta ajena y de la protección social. Partiendo de la evidencia de que el mundo del trabajo está en permanente transformación y de la incidencia de las nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas de producción y a las relaciones que se desarrollan en este ámbito, el grupo pretende investigar sobre las mismas y sus consecuencias desde una perspectiva exclusivamente jurídica.
El objetivo concreto se centra, por tanto, de manera exclusiva en el examen de las transformaciones y nuevos fenómenos jurídico-sociales, con especial incidencia en aquéllas que tengan mayor trascendencia pública. En este sentido, la actividad del grupo se centrará en análisis de las reformas legales que se producen en el ordenamiento laboral, reflexionando sobre su aplicación práctica a través del estudio de la doctrina judicial y de la práctica forense.
El grupo nace con vocación de transferir a la sociedad los resultados de la investigación, incidiendo por ello, de manera especial, en la aplicación práctica de sus conclusiones. A tales efectos, junto a la actividad investigadora, se prestará especial atención a la elaboración de dictámenes o informes, organización de jornadas y seminarios, así como a la publicación de los frutos de la investigación.
La actividad se centra en el estudio aplicativo de los sistemas legales actuales territoriales y la problemática de los procedimientos, tanto desde la vertiente del ingreso como del gasto.
- La Ley 34/2015 modificó sustancialmente todos los títulos de la Ley General Tributaria, aplicable a la Hacienda Local. Actualmente se encuentran pendientes de aprobación los RD de modificación de todos los Reglamentos de desarrollo de la LGT. Asimismo, las nuevas Leyes 39/2015 y 40/2015 de Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas obligan a introducir notables modificaciones en el marco de actuación de las Entidades Locales en sus relaciones con los ciudadanos que también afectan al ámbito tributario.
- En los últimos años se ha incrementado notablemente el volumen de conflictividad en relación con los tributos locales, en dimensiones distintas:
- correspondencia de la Ordenanzas Fiscales a la Constitución, LGT y a la LHL
- procedimientos para la elaboración y aprobación de dichas Ordenanzas.
- actos de gestión tributaria local
- Las estrategias de control tributario y recuperación de deuda de las Haciendas autonómica y Local se encuentran muy alejadas de las diseñadas e implantadas con éxito en el ámbito estatal por la Agencia Tributaria.
- Por otra parte, en estos momentos de cambio climático se hace necesario el desarrollo de una investigación aplicada a diversos objetivos simultáneos: combinar la promoción turística con un desarrollo sostenible que preserve el medio ambiente como valor intrínseco, la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación municipal que persigan las anteriores finalidades y un incremento de la suficiencia financiera de las Corporaciones Locales en la cobertura del coste de los servicios. En España todavía resultan escasas las experiencias pioneras en esta dirección pero en el ámbito comparado resulta posible atender a las soluciones aplicadas en entornos con singularidades geográficas y turísticas similares. Se pretende proyectar la potencialidad de los tributos como mecanismos fundamentales para avanzar en una doble dirección:
- por un lado, la superación de los endémicos escenarios de insuficiencia financiera de las Corporaciones Locales;
- por otro, la idoneidad de la actuación pública local, como nivel de gobierno más cercano al ciudadano y sobre el que opera en primera línea el objetivo de salvaguarda y mejora de la idiosincrasia y valores propios del municipio.
- Por último, la igualdad entre hombres y mujeres así como la transparencia y el buen Gobierno deben ser tenidos en cuenta a la hora de cumplir con la exigencia de la justicia en el gasto público. Por ello es necesario analizar y plantear el marco general normativo para la realización de presupuestos participativos y presupuestos con perspectiva de género. En efecto, la vinculación del gasto público a unos principios objetivos de justicia material es una exigencia insoslayable. El principio de justicia en el gasto público se convierte en el sustrato material de la obligación de todas las Administraciones Públicas de elaborar sus presupuestos con perspectiva de género puesto que se debe tener claro que para conseguir la igualdad, la justicia material proclamada constitucionalmente, se deben elaborar unos presupuestos con perspectiva de género, lo que no supone en modo alguno destinar más recursos a programas o actuaciones dirigidos a las mujeres, sino, tan sólo, una diferente forma de analizar y elaborar los presupuestos tradicionales, actuación en la que subyace la consecución de objetivos de eficacia y eficiencia económica. pero no sólo la vertiente del gasto público, tanto los ingresos como los gastos públicos, deben analizarse desde una perspectiva de género para la consecución de esa justicia financiera a la que deben dirigirse por mandato constitucional.