Reseña de la columna del profesor Ricard Martínez: “Data Driven Economy: Un reto de país”, publicada en la revista Tecnología y Sentido Común.
La transformación digital descansa, entre otros, en un firme cimiento, a saber, la reutilización de grandes volúmenes de datos con Inteligencia Artificial (IA). Esto permitirá —y en algunos casos ya lo permite— construir nuevos modelos de negocios y revolucionar los procesos de gestión y toma de decisiones.
En ese sentido, la Unión Europea dio un gran impulso a este esfuerzo transformador gracias a la reciente aprobación del Reglamento de Gobernanza de Datos (2022).
El modelo de la UE tiene como primera base normativa el respeto y la garantía de los Derechos Humanos. Subyace la idea de que proteger los derechos fundamentales implica un esfuerzo público y privado constante. Este es un enfoque de riesgo centrado, justamente, en la dignidad del ser humano.
Ahora bien, este enfoque es el instrumento que fija el marco para hacer posible la transformación económica y social o, como se la ha llamado, la cuarta revolución industrial.
Así, cuando la Unión define como principal propósito la circulación de datos para su reutilización, le endosa una serie de reglas alineadas con los propósitos anteriores. De este modo, cuando se afirma que la circulación de datos debe operar sin limitaciones, significa que debe transitar por un mercado con actores en igualdad de condiciones para competir, donde se repete el derecho a la protección de datos y sin afectar el derecho a la propiedad y secreto industrial.
Estas reglas las recoge la Directa Open Data (2019). Su propósito es aumentar el volumen de datos del sector público puestos a disposición de la ciudadanía. El anhelo es fomentar que estos datos sean utilizados para fines de innovación, investigación y emprendimiento. Otras normas que van en esta misma dirección es el ya señalado Reglamento de Gobernanza de Datos y las propuestas de reglamentos de la UE sobre el espacio europeo de datos digitales de salud y el que definirá las condiciones de riesgo, certificación, uso y responsabilidad de la Inteligencia Artificial.
Ahora bien, estas normas no tendrán efecto si no se genera las condiciones materiales para que se cumplan. Es decir, es necesario crear una infraestructura digital con las condiciones tecnológicas y jurídicas que garanticen las condiciones de uso, finalidades lícitas, identificación y trazabilidad, por ejemplo, para perseguir responsabilidad por daños.
Dado todo lo anterior, el sector público tendrá el desafío de elaborar repositorios de datos que reúnan los requisitos del Reglamento General de protección de Datos y el Reglamento de Gobernanza. En tanto, el sector privado el cumplimiento de la normativa asegura las salvaguardas como la seguridad y trazabilidad de los datos.
* Reseña de la columna Data Driven Economy: Un reto de país, del profesor Ricard Martínez Martínez, director de la Cátedra Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de València, publicada en la revista digital Tecnología y Sentido Común de julio.
