11 january 2022

En el contexto actual, en medio de una profunda crisis económica cuyos efectos aún están por ma terializarse y con una reforma del mercado laboral en ciernes, el gobierno de coalición (PSOE y Uni­das  Podemos) ha lanzado una ofensiva contra el sistema educativo en su totalidad, con el objetivo de adaptarlo a las necesidades del capitalismo contemporáneo. A la ya aprobada LOMLOE, se le suman la nueva ley de Formación Profesional y la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). A grandes rasgos, esta tríada normativa viene a profundizar en una senda que ya lleva años recorriéndose: la liberalización del sector, la hipertecnificación e hiperespecialización del estudiantado y su transformación  en  mano de  obra  barata, con tal de maximizar los  beneficios empresariales.

A pesar del maquillaje que el Gobierno pretende darle en el preámbulo, la realidad es que esta es una ley que atenta contra los intereses objetivos de la clase trabajadora en su conjunto, tanto del estudiantado como de los y las trabajadoras de la universidad.

Por ello, denunciamos:

El cambio que impone en los modelos de financiación:

• Que la ley no presenta ningún mecanismo específico de financiación pública, por lo que cualquier medida que dependa de dotación económica queda en papel mojado.
• Que, por contra, el anteproyecto regula cuidadosamente las vías de financiación privada, promoviendo el mecenazgo, el patrocinio e incluso la creación y/o participación de las universidades públicas en el capital mercantil  de empresas.
• Que se dota de mayores competencias al Consejo Social, órgano donde tienen fuerte influencia representantes del tejido empresarial, lo que conduce a la subordinación de las universidades a las necesidades de una u otra rama de la producción.

Su impacto en lascondiciones laboralesde la plantilla:

• Que en materia laboral apuntala y desarrolla la doble vía, funcionarial y laboral, menos­ cabando significativamente los derechos de los y las trabajadoras públicas.
• Que, en lugar de asegurar  la  estabilización del personal bajo un único modelo contractual, segrega y atomiza la plantilla estableciendo una amplia variedad de figuras labo­rales de carácter temporal, algunas de ellas altamente precarias, como el profesorado asociado, y otras que no requerirán de concurso público, como los y las investigadoras distinguidas, lo que promueve las elecciones a dedo.
• Que la normativa viene a legalizar la precariedad existente y pretende realizar toda una serie de cambios estéticos, sustituyendo unas figuras contractuales por otras, sin que esto modifique en absoluto la realidad material de la plantilla. 
• Que, a pesar de prometer una carrera para el personal de administración y servicios, el anteproyecto de ley no aporta nada relevante que modifique la situación del PAS.
• Que, sin aportación financiera, el nuevo límite máximo de figuras de carácter laboral solo se podrá conseguir con despidos masivos.
• Que la exigencia de estancias en otros centros para las acreditaciones choca frontal­mente con la estabilización del personal, poniendo el foco en la atracción de "talento", y con la conciliación, afectando muy particularmente a las mujeres.
• Que la mayor preponderancia otorgada a la transferencia repercutirá sobre los y las trabajadoras, que deberán destinar más horas para que las empresas puedan beneficiarse de las investigaciones públicas sin tener que aportar financiación.

Sus consecuencias para el estudiantado:

• Que no aporta ningún mecanismo eficaz para la regulación de los precios públicos y pretende mantener el exiguo sistema de be cas, en lugar de apostar por una educación gratuita a todos los niveles.
• Que se profundiza en la concepción del grado como un estudio de carácter generalista, haciendo casi indispensable el cursar un máster para poder introducirse en el mercado laboral.
• Que los itinerarios abiertos son un arma de doble filo, ya que el estudiantado no escoge qué estudiar en función únicamente de sus preferencias, sino también de la presión del mercado laboral, particularmente signi­ficativa entre el estudiantado de extracción obrera.
• Que la formación dual viene a crear mano de obra barata para el empresariado y una triple escala salarial que servirá como arma arrojadiza para presionar a la baja las condiciones de trabajo de la plantilla.
• Que más allá del contexto de excepcionalidad de la pandemia, se abre la puerta a la virtualización de las enseñanzas universitarias a través de modalidades virtuales e híbridas, lo que se traduce en un incremento de carga de trabajo para el profesorado y en un refuerzo de la brecha digital asociado al acceso desigual a los equipamientos y conocimientos para seguir e impartir estas modalidades de enseñanza.
• Que no hay ninguna propuesta que mejore la democracia interna ni la participación del estudiantado.

Por todo ello, desde la CGT nos oponemos frontalmente a la LOSU que se quiere imponer desde el Ministerio de Universidades y llamamos a los y las trabajadoras y al estudiantado a organizarse, no solo para parar la tramitación de la ley, sino para construir una universidad verdaderamente pública, democrática y al servicio de aquellos y aquellas que la construimos día a día, es decir, los y las trabajadoras y el estudiantado.

¡NO A LA LOSU!

¡POR UNA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LA CLASE TRABAJADORA!

CGT Coordinadora de Investigación y Universidades                               @cgtinvuni