El cierre de la Oficina por el Derecho a la Vivienda de València ha generado una profunda preocupación entre profesionales y entidades comprometidas con la defensa de los derechos sociales. En este comunicado, el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universitat de València alerta de las consecuencias de eliminar un servicio que ha apoyado a miles de personas y familias en situación de vulnerabilidad. El texto reivindica la necesidad de reforzar, y no desmantelar, los recursos públicos ante la actual emergencia habitacional. Una reflexión imprescindible sobre el derecho a la vivienda y el papel de las instituciones en la protección de la ciudadanía.
