2 de octubre de 2018

Título: Resolución de conflictos para el consumidor colombiano en el comercio transfronterizo. Estudio comparativo de las soluciones previstas en Colombia y España.

Autora: Adriana Marcela Sánchez Casallas

Debido al libre mercado y a las herramientas tecnológicas, los consumidores tienen la posibilidad de adquirir bienes y servicios a través de plataformas web, que incluso se encuentran situadas en un país distinto del país donde se encuentra el comprador. Es en este punto donde pueden suscitarse controversias entre consumidores y empresarios, por lo que en la disertación se estudiaron paralelamente las soluciones brindadas por los ordenamientos jurídicos colombiano y español, frente a vulneraciones a los derechos de los consumidores en relaciones de consumo transfronterizas, que generalmente nacen en el comercio electrónico.

En el primer capítulo se señaló “el recurso a la vía jurisdiccional en relación a los contratos de consumo internacionales”, como alternativa de los consumidores de acudir a la justicia estatal para dirimir sus controversias surgidas con ocasión a una relación de consumo. Al respecto se indica que, si bien el ordenamiento jurídico colombiano ha sido celoso en otorgar competencia judicial a jueces extranjeros, lo cierto es que Colombia hace parte de diferentes organizaciones regionales e internacionales, que promueven la protección de los derechos de los consumidores y plantean mecanismos para resolver controversias que puedan surgir con ocasión a relaciones de consumo internacional. Para el efecto, se indicó la normativa regional e internacional adoptada por el ordenamiento jurídico colombiano y posteriormente la normativa interna, la cual además de establecer un gran listado de derechos, otorga de manera excepcional facultades jurisdiccionales a una entidad de orden administrativo, la cual se constituye como un juez especializado en materia de consumo, que por ser centralizada y para permitir el acceso a la justicia de todos los colombianos, a través de su plataforma web, adelanta todo el proceso judicial de manera virtual. No obstante, la entidad solo tiene competencia en las relaciones de consumo nacionales.

Colombia hace parte de diferentes organizaciones regionales e internacionales, que promueven la protección de los derechos de los consumidores y plantean mecanismos para resolver controversias que surjan en el consumo internacional

Paralelamente, se mostró como el ordenamiento jurídico español sigue las diferentes recomendaciones de la Unión Europea, en consecuencia, reconoce normatividad regional que no solamente señala directrices de orden sustancial, sino que permite la aplicación de normas de un país, en otro y reconoce la jurisdicción de tribunales de la región. Por lo que, a nivel interno el ordenamiento jurídico español adopta las reglas previstas por la comunidad europea en materia de competencia, bajo el amparo de un régimen de protección a los consumidores.

En el segundo capítulo se expuso “el recurso a la vía arbitral en materia de consumo” como mecanismo alternativo de solución de conflictos, el cual es aplicado en diferentes ámbitos y resulta ser más ágil que los procesos judiciales, eficaz y se tramita ante árbitros especializados. Se señaló para el caso colombiano, como diferentes organizaciones internacionales, promueven el arbitraje como mecanismo de solución de controversias en materia de consumo, y se indicó la normativa interna que lo regula.

el ordenamiento jurídico español ha adoptado la filosofía proteccionista de la comunidad europea

Respecto al ordenamiento jurídico español, se indicó la reglamentación de la comunidad europea que tiene como objetivo dar un nivel especial de protección a los consumidores proporcionándoles un sistema de resolución de conflictos en línea que contribuya con la integración regional que ofrecen las nuevas tecnologías y el Internet. Así mismo, se señaló como a nivel interno el ordenamiento jurídico español ha adoptado la filosofía proteccionista de la comunidad europea y para el efecto ha implementado la organización de unas juntas arbitrales de consumo y recientemente reglamentó la plataforma de resolución de litigios en línea.

En el tercer capítulo se señala una “propuesta de arbitraje de consumo para el comercio electrónico en Colombia”, toda vez que el consumidor colombiano en el comercio electrónico internacional, se encuentra vulnerable frente a una eventual controversia, ya que el ordenamiento jurídico colombiano no ha adoptado una norma que otorgue competencia internacional y tampoco prevé la posibilidad, de asumir competencia en controversias con elementos internacionales.

a imagen de la plataforma arbitral de litigios de la comunidad europea, la CAN podría implementar un mecanismo similar para amparando el proceso de compra-venta

Así entonces, a la luz de la plataforma arbitral de resolución de litigios en línea adoptada por la comunidad europea, se plantea como a través de una integración regional como podría ser la CAN, es posible implementar un mecanismo como el señalado, que permita abrir las fronteras para que los consumidores adquieran bienes y servicios a través del comercio electrónico a proveedores de países de la comunidad, bajo la percepción de confianza, porque en caso de una eventual controversia existiría un mecanismo eficaz de resolución de conflictos al cuál se someterían.