19 de septiembre de 2024

Título: La competencia desleal en la economía colaborativa: ¿amenaza u oportunidad para las empresas tradicionales?

Autora: Diana Ruiz

Durante la defensa, se expuso cómo la economía colaborativa ha transformado sectores clave como el transporte y el alojamiento, pero también ha generado importantes desafíos regulatorios. Las plataformas colaborativas han logrado operar en condiciones más favorables que las empresas tradicionales, evitando cumplir con algunas normativas, lo que ha dado lugar a prácticas de competencia desleal.

Uno de los puntos clave presentados fue la identificación de prácticas como los precios predatorios, la falta de transparencia y el aprovechamiento de vacíos regulatorios por parte de estas plataformas. En el caso de Uber, por ejemplo, la plataforma ha sido criticada en varios países por no cumplir con las regulaciones que se aplican a los taxis, lo que ha generado tensiones, especialmente en Colombia, donde el gremio de taxistas ha denunciado esta situación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) incluso ordenó la suspensión de Uber en 2019, aunque la plataforma sigue operando bajo condiciones regulatorias inciertas.

En el sector del alojamiento, Airbnb ha sido acusado en ciudades como Barcelona de afectar el mercado inmobiliario y perjudicar al sector hotelero, ya que la plataforma no está sujeta a las mismas normativas que los hoteles tradicionales. Estos casos reflejan la urgencia de adaptar el marco regulatorio a las nuevas dinámicas de la economía colaborativa.

En cuanto a las propuestas regulatorias, Diana destacó la necesidad de adoptar principios reguladores basados en resultados. Este enfoque permite que las normativas se centren en objetivos clave, como la transparencia y la protección del consumidor, en lugar de imponer reglas rígidas que podrían quedar obsoletas rápidamente. "La flexibilidad en la regulación es esencial para adaptarse al entorno tecnológico en constante cambio", subrayó durante la defensa.

En Colombia, recomendó actualizar la Ley 256 de 1996 para incluir disposiciones específicas que regulen las plataformas colaborativas, asegurando que operen en igualdad de condiciones con las empresas tradicionales. También sugirió la implementación de un modelo de co-regulación, en el cual las plataformas trabajen en colaboración con las autoridades para crear normativas más flexibles y eficientes, que promuevan la innovación sin permitir prácticas de competencia desleal.

En España y la Unión Europea, se señaló la importancia de armonizar las regulaciones entre los diferentes países para evitar que las plataformas aprovechen las diferencias normativas entre ellos. Una de las propuestas fue revisar la Directiva sobre Comercio Electrónico (2000/31/CE), con el objetivo de aumentar la responsabilidad de las plataformas colaborativas y asegurar una competencia más justa tanto para las empresas tradicionales como para los consumidores.

Asimismo, enfatizó la necesidad de promover la libre competencia, facilitando la entrada de nuevos actores al mercado colaborativo. Propuso simplificar los trámites administrativos para nuevas plataformas y ofrecer incentivos fiscales que favorezcan la innovación. Además, advirtió sobre el riesgo de una concentración excesiva del mercado en manos de unas pocas plataformas dominantes, lo que podría limitar la diversidad de servicios y frenar la competencia.

Para concluir, destacó que la economía colaborativa puede ser tanto una oportunidad como una amenaza para las empresas tradicionales, dependiendo de cómo se gestionen las regulaciones. Si las normativas se actualizan adecuadamente, tanto las plataformas colaborativas como las empresas tradicionales podrán coexistir en un mercado más justo y equilibrado.