La gestión del turismo es una competencia pública recogida en nuestra Constitución.

Aunque este hecho ha sido puesto en entredicho durante décadas, ya no cabe ninguna duda del papel decisivo de la Administración (en cualesquiera de los niveles en los que se divida), para admitir que su presencia provee al turismo de un marco estable, no condicionado exclusivamente al devenir del mercado.

Y debe ser así, fundamentalmente, porque la actividad turística requiere para su desarrollo del uso de bienes y servicios públicos que, en la mayoría de casos, o bien no fueron creados con ese fin o no existen. Desde una visión micro, los productos turísticos que se crean para ese consumo están conformados, entre sus componentes básicos, con bienes públicos que, por lo general, constituyen los elementos más valorados en la elección de quienes los consumen. E igualmente determinantes, aunque menos visibles, son otros componentes (como infraestructuras, accesibilidad, seguridad o sanidad) que, desde una visión macro, condicionan en muchos casos el éxito del turismo.

Estos bienes y servicios públicos que, dicho sea de paso, no son por lo general competencia de turismo, generan fricciones entre administraciones, y estas con la esfera privada y civil, lo que se traduce en espacios de conflicto. Consecuentemente, el turismo ya no solo crea beneficio económico, sino también otras externalidades que, discutidas hasta tiempos muy recientes, ya han sido asumidas en la actualidad por la política turística.

Así pues, y en la esfera de lo público, la gestión del turismo centra su atención no solo en apostar por la explotación convenientemente de las oportunidades que se vislumbran en los territorios con potencialidad sino también en cómo mitigar los efectos negativos de la actividad. Todo ello considerando la diversidad de actores implicados y sus intereses, y no debiendo priorizar entre las dimensiones social, económica y ambiental.