DER2016-77947-R

El objetivo general del proyecto consiste en analizar las manifestaciones más notorias de Justicia penal preventiva en relación con los delitos de desórdenes públicos y de terrorismo; en concreto, en el plano nacional, a la luz de las últimas reformas legales en la materia (LO 1/2015 y LO 2/2015 de modificación del CP, LO 13/2015 de reforma de la LECrim y LO 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana), pero asimismo en atención a parámetros internacionales, lo que abarca tanto la normativa de la UE como la experiencia legislativa y el intenso debate científico existente a este respecto en el derecho comparado y, en particular, en los ámbitos angloamericano, francés y alemán.

Desde esta perspectiva, sólo las medidas que se vienen aprobando en los últimos tiempos en el panorama nacional e internacional en la batalla contra el terrorismo abren ya un campo de reflexión y de problemas a tratar bastante considerable; desde luego por lo que respecta al Derecho penal y procesal pero también a otras disciplinas como la Criminología, el Derecho constitucional o la Filosofía y la Historia del Derecho. A su vez, el notable aumento de los movimientos de protesta ciudadana a raíz de la crisis económica y social ha provocado una reacción legislativa de rearme punitivo, tanto en el ámbito estrictamente penal como en el del Derecho administrativo sancionador, que afecta sobre todo a las infracciones de desórdenes públicos. Sobre esta base cabe plantearse, entre otras cuestiones, si no estamos asistiendo a una desvirtuación del concepto democrático de orden público. En los dos ámbitos delictivos objeto de la investigación (terrorismo y desórdenes públicos) se advierte, pues, un acusado adelantamiento de la línea de defensa penal que entronca con las tendencias político-criminales contemporáneas a nivel internacional y que se concreta en la promoción de delitos de peligro abstracto y en la tipificación de conductas meramente preparatorias que se acompañan de sanciones en general muy severas. Todo ello plantea graves tensiones con los principios garantistas inherentes a nuestro marco político-constitucional y pone en riesgo el ejercicio legítimo de derechos en los que se fundamenta el modelo de Estado democrático (particularmente de la libertad de expresión, y del derecho de reunión y manifestación).

El proyecto se orienta, por tanto, al análisis de problemas que constituyen un reto esencial en el contexto político-social actual y cuyo interés se incrementa a partir de las profundas y recientes reformas legales de que ha sido objeto la materia. A tal fin, se cuenta con un grupo de investigación amplio (23 miembros), con alto nivel de dedicación y experiencia investigadora previa en las diversas materias implicadas, y con un marcado carácter interdisciplinar e interuniversitario (lo integran profesores de las Universidades de Valencia, Barcelona, La Laguna, New York University, Université de Paris-Est Créteil y del Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht). A la labor académica se añade la perspectiva práctica, dada la participación de una amplia red de profesionales del Derecho (dos Magistrados, tres Fiscales, el Director de un establecimiento penitenciario, una Directora General de Justicia, un Guardia Civil y una letrada de la Oficina de atención a la víctima del delito), y el apoyo de entidades directamente relacionadas con el objeto de estudio. De esta forma se pretende favorecer, además de la discusión, la aplicación y difusión de los resultados de la investigación, que está dirigida a ofrecer propuestas de mejora concretas que redunden en una aplicación más eficaz y garantista del Derecho en materia de delitos terroristas y de desórdenes públicos.

Alberto Alonso Rimo

Ministerio de Economía y Competitividad (DER2016-77947-R)

• AGE - Retos