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Los principios penales, recogidos expresa o implícitamente en la Constitución como garantías del ciudadano frente al ius puniendi, están basados en el reconocimiento de la capacidad de decisión de los ciudadanos y en la atribución a estos de responsabilidad penal por sus acciones, de las que se predica su libertad. Ello fundamenta dogmáticamente no sólo el concepto tradicional de culpabilidad, sino incluso el de conducta (un hecho que se considera propio y al que se atribuye una responsabilidad derivada de la infracción de un deber personalmente exigible): sólo porque un ciudadano ha incumplido por acción o por omisión aquello que le era personalmente exigible se justifica la imposición de una consecuencia jurídica que implica limitar su libertad. Todo ello se desmorona si el fundamento de la intervención penal se desplaza hacia la peligrosidad, cuya determinación está muy lejos de poder establecerse con un mínimo de certeza y donde la proporcionalidad pierde su asidero fundamental en el hecho cometido.