El proyecto parte de la premisa de que el principio de legalidad experimenta en la actualidad un continuo proceso de erosión en el sistema de justicia penal español, como consecuencia de diversas dinámicas de transformación apreciables en relación con las instituciones públicas más próximas a las garantías que se derivan de su significado, esto es, el poder legislativo y el poder judicial. Sin embargo, la aplicación del Derecho en la práctica se sigue haciendo en buena medida como si continuara vigente el viejo paradigma del Derecho penal como ultima ratio, la ley penal como lex certa, con los tribunales como meros intérpretes de la ley, y los derechos fundamentales como límites al poder punitivo. Esta situación de disonancia oscurece la identificación de los problemas, y dificulta la valoración de su magnitud, así como la reflexión sobre si es necesario repensar algunas de las categorías y reglas de funcionamiento tradicionales y plantear, en caso de que sea necesario, propuestas de mejora.