"La erosión del principio de legalidad en el sistema de justicia penal contemporáneo: diagnóstico y propuestas de solución".

El proyecto parte de la premisa de que el principio de legalidad experimenta en la actualidad un continuo proceso de erosión en el sistema de justicia penal español, como consecuencia de diversas dinámicas de transformación apreciables en relación con las instituciones públicas más próximas a las garantías que se derivan de su significado, esto es, el poder legislativo y el poder judicial. Sin embargo, la aplicación del Derecho en la práctica se sigue haciendo en buena medida como si continuara vigente el viejo paradigma del Derecho penal como ultima ratio, la ley penal como lex certa, con los tribunales como meros intérpretes de la ley, y los derechos fundamentales como límites al poder punitivo. Esta situación de disonancia oscurece la identificación de los problemas, y dificulta la valoración de su magnitud, así como la reflexión sobre si es necesario repensar algunas de las categorías y reglas de funcionamiento tradicionales y plantear, en caso de que sea necesario, propuestas de mejora.

Acrónimo

EROLEG

Código referencia

PID2021-123441NB-I00

Descripción

Por ello, el proyecto se propone, en primer lugar, hacer un diagnóstico de la situación actual, poniendo la realidad española en el contexto, al menos, del resto de Europa, para valorar si nuestro caso presenta particularidades especiales o reproduce tendencias generales observables igualmente en nuestros vecinos. Para ello, el trabajo se estructura alrededor de dos ejes diferenciados:

- Analizar los problemas específicos de legalidad tanto de la parte general como de la parte especial del Derecho penal, no sólo en la legislación vigente sino también en las propuestas de reforma penal que se tramiten o aprueben durante la vigencia del proyecto (IP Responsable: Clara Viana Ballester).

- Analizar la relación entre el poder legislativo y el poder judicial en la jurisprudencia de los altos tribunales (TS, TC, TEDH) (IP responsable: Lucía Martínez Garay), prestando especial atención a la interpretación de la garantía de legalidad penal por parte del Tribunal Constitucional como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, a la fundamentación jurídica de las obligaciones positivas de incriminación penal derivadas de los derechos humanos, y a los conflictos de competencia entre los tribunales y el poder legislativo.

En segundo lugar, la investigación pretende también ofrecer propuestas para paliar o reconducir los problemas detectados que ofrezcan posibilidades de ser implementadas. La investigación que pretendemos realizar en este proyecto de investigación consistiría, en definitiva, en responder a la pregunta de qué significa, en este panorama de cambio normativo acelerado, técnica legislativa deficiente y protagonismo de los jueces, el sentido de garantía del principio de legalidad como derecho fundamental, en un contexto en el que muchos de los factores que redundan en su erosión se dicen inspirados, directa o indirectamente, precisamente por una pretensión de mejor protección de los derechos fundamentales a través del Derecho penal, y qué posibilidades hay dentro del mundo del Derecho para responder a este reto.

Investigadores principales: