En la actualidad, los problemas de seguridad global (terrorismo, disputa por los recursos naturales, inestabilidad financiera, crimen organizado, ciberamenazas) han sufrido una gran transformación y se plantean como desafíos para la seguridad de los Estados y para la humanidad, y se consideran de importancia similar a las tradicionales amenazas militares contra la paz y la seguridad internacionales.
Existe una preocupación creciente y legítima en países y regiones caracterizadas por gozar de sistemas políticos constitucionales y democráticos (como es el caso español y europeo), sobre la repercusión que esa transformación de la seguridad, y en consecuencia los medios que los Estados están implementando para defender y proteger a sus ciudadanos de las nuevas amenazas, tiene sobre los derechos fundamentales de ciudadanos y no nacionales de los países que los adoptan. Esta preocupación es natural, pues tanto la seguridad como la libertad, tanto la protección de las personas como el cumplimiento del ordenamiento jurídico y de las obligaciones internacionales en materia de derechos asumidas por los Estados, son bienes comunes que deben preservarse de forma equilibrada.
Desde esta perspectiva, el Proyecto que aquí se presenta trata, específicamente, de un problema real de nuestra sociedad, a saber, de cómo están afectando las respuestas de los Estados a determinadas amenazas (en concreto las respuestas -normativas y de acción política- a los conflictos armados, el terrorismo, las ciberamenazas, el crimen organizado y el espionaje) sobre la garantía de las libertades públicas de los ciudadanos (en concreto a la privacidad, el secreto de las comunicaciones, la libertad personal y otros derechos vinculados a ella como el de no sufrir torturas o tratos inhumanos, la libertad de expresión, la libertad de asociación y manifestación y los derechos procesales). Ello con la intención de llevar a cabo una serie de propuestas (de planteamiento, normativas, de políticas públicas) dirigidas a contribuir en la resolución de los problemas que dicha afectación puede suponer, tanto para la efectividad de la protección y seguridad de las personas como para la garantía constitucional de sus derechos.

Jose Luís González Cussac

Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (DER2015-65288-R)