Las sociedades avanzadas se encuentran inmersas en un conjunto de cambios como consecuencia del progreso de la ciencia y las tecnologías de la información y la comunicación que ha caracterizado las dos últimas décadas.

Esta digitalización de la vida cotidiana se ha visto acelerada como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir la pandemia por COVID-19. Por tanto, un reto permanente de los próximos años será la transformación digital, tanto de la gestión como de las actividades universitarias.

Esta pandemia ha puesto de manifiesto, más que nunca, la importancia de la ciencia en el progreso y desarrollo de las sociedades y de la calidad de vida de las personas.

Al mismo tiempo se ha producido un proceso de envejecimiento de la población que también tiene su reflejo en el sistema universitario, y que requiere de una apuesta por la retención y captación de talento universitario.

La investigación, una investigación puntera e innovadora, y su transferencia al sistema productivo, es imprescindible para avanzar. La Universitat de València, como universidad pública con una inmejorable capacidad de investigación reconocida en los rankings más destacados, ha de continuar haciendo una apuesta clara para que esta retención y captación de talento ponga toda su formación y capacidad al servicio de la investigación básica y aplicada y la innovación. 

Estas políticas vinculadas con los recursos humanos de los sistemas universitarios se han visto gravemente afectadas por determinadas políticas y normativas gubernamentales, que nos han sido impuestas en la última década y que continúan haciendo más necesaria que nunca la apuesta firme por una renovación planificada de las plantillas.

La evolución de las formas de trabajar implica también una renovación de las metodologías docentes, requiriéndose una apuesta por unas infraestructuras modernas y especializadas para una docencia de calidad y una investigación puntera.

Del mismo modo, hay que dar respuesta a las nuevas competencias profesionales y personales que requiere la sociedad del siglo XXI. En ese sentido, y en el marco de los recientes cambios normativos, desarrollar programas de formación permanente, a lo largo de la vida, integrados y coordinados con los agentes socioeconómicos, es un reto de futuro en un mundo global e interconectado.

Todo ello requiere una suficiencia y estabilidad financiera que permita la planificación, a medio y largo plazo, de programas de elevados niveles de inversión y cobertura de las necesidades de plantilla continuados en el tiempo.

Y, junto a los recursos, tenemos el importante reto del ejercicio de la autonomía universitaria efectiva en el marco de posibles cambios normativos. Una autonomía que tiene que ir asociada a una rendición de cuentas y una transparencia en la gestión.

Una gestión responsable, eficaz y eficiente, para optimizar los recursos que la sociedad confía al sistema universitario.

Todos estos retos se producen en un contexto de emergencia climática declarada por el Parlamento Europeo, y de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la Organización de las Naciones Unidas.

Sostenibilidad y estilo de vida saludable que hemos de impulsar también desde los campus como parte de la responsabilidad social de la universidad pública. Sostenibilidad para un progreso social inteligente e inclusivo, para una sociedad en igualdad y en diversidad.