El 22 de junio, se celebró en el Edificio de Rectorado de la UV el II Diálogo por la Responsabilidad Social en la UV con el título La Compra pública: herramienta para avanzar en una universidad más responsable, justa y sostenible.
Inaugurado por Pilar Serra, vicerrectora de Sostenibilidad Cooperación y Vida Saludable, que recalcó del compromiso al dar impulso a la compra responsable y transformadora frente al cambio climático, el segundo Diálogo se centra en un elemento clave, la introducción de los criterios sociales y ambientales en la contratación pública.
Moderados por Nuria Garcia, que puso las cifras de la compra pública, que supone el 20% de la economía en Europa, los expertos destacaron la obligación de impulsar cambio desde la administración pública y en especial desde las universidades.
Ximena Lazo, Profesora Titular de la Universidad de Alcalà de Henares y coordinadora del Grupo de investigación sobre compra pública verde, animó a las administraciones a hacer uso del cambio paradigmático que se produjo en la legislación de contratación pública. Si el criterio anterior era el precio y la contratación venía determinada por la oferta económicamente más baja, ahora el criterio es la relación calidad- precio y se tienen que introducir valoraciones de tipo ambiental y social. También recalcó la necesidad de un seguimiento durante todo el proceso , no solo en la licitación sino en el seguimiento del cumplimiento de las cláusulas y verificar que se cumple con aquello contratado.
Alberto Gil, Gerente de la Universidad de *Zaragoza indicó que la ley ofrece muchas posibilidades y permite introducir variables sociales y medioambientales fundamentales en la situación actual. Destacó que existen resistencias en la sociedad , las instituciones y la industria tradicional. Para convencer de la necesidad de cambio apela a la rentabilidad, no solo ambiental y social si no, económica. La compra pública sostenible permite un ahorro económico a medio y largo plazo y supone un cambio en el entorno social, ambiental y económico en la grave situación que nos encontramos.
David Comet, experto en consumo responsable del grupo Ideas y Técnico del área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba, hizo eco de las posibilidades de la legislación nacional y autonómica que obliga a incluir al menos un criterio social o ambiental y permite incluir muchos más. Destacó la capacidad transformadora de la compra pública en el entorno económico y productivo, la necesidad de hacer ver a las empresas el camino que tienen que seguir para cambiar a una forma de producir más sostenible ante los peligros para la próxima generación.
En el Diálogo intervino Benito Muros, de la asociación Feniss que lucha contra la obsolescencia programada y es la creadora del sello ISSOP para productos reparables y de larga duración. Destacó que la obsolescencia programada nos cuesta 1400 millones anuales y genera millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos evitables en toda Europa, por eso la necesidad de que las administraciones hacen hincapié en la valoración del ciclo completo del que compran y luchan contra la práctica asentada en la industria actual que invierte miles de millones al ocultar esa programación mientras que las administraciones no dedican presupuesto a descubrirla.
