La Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital de la Universitat de València ha realizado una crónica del trabajo y las adversidades de los repartidores de comida a domicilio de las grandes plataformas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats durante los 50 primeros días desde la declaración del estado de alarma.

Los repartidores de comida preparada a domicilio, más conocidos como riders, han protagonizado cientos de titulares en los últimos años debido a sus precarias condiciones de trabajo y de vida. Ahora, en el contexto de una pandemia y una crisis sanitaria a escala planetaria, estos trabajadores han vuelto a ocupar los diarios debido a los periplos que han enfrentado durante las semanas más duras de la epidemia.

Por ello, desde la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital se ha realizado una crónica que abarca los 50 primeros días de estado de alarma en España desde la perspectiva de los repartidores de comida a domicilio. Más concretamente, se ha puesto el foco de atención en los riders de aquellas plataformas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats que todavía hoy, en medio del fragor de los pronunciamientos judiciales que reconocen la laboralidad de la relación con sus repartidores, continúan obstinadas en darles el tratamiento jurídico de trabajadores autónomos y se mantienen atrincheradas defendiendo la uberización del mundo laboral.

El estado de alarma se declaró por parte del Gobierno de España el 14 de marzo en virtud del Real Decreto 463/2020. Desde los inicios de la crisis sanitaria derivada de la Covid-19 se ha mantenido la actividad económica de reparto de comida preparada a domicilio, el negocio al que se dedican principalmente las plataformas Glovo, Deliveroo y Uber Eats. Cerraron la mayoría de los bares y restaurantes asociados a estas empresas de reparto, pero la demanda de quienes mantuvieron la entrega a domicilio aumentó considerablemente.

Quienes vieron paralizada su actividad, directa o indirectamente, han podido solicitar las prestaciones extraordinarias reconocidas por el Real Decreto-ley 8/2020. Los riders, sin embargo, continuaron con su trabajo y lo hicieron sin las debidas medidas de prevención y protección de su salud. Así lo hizo público el colectivo Riders x Derechos en las redes sociales y así lo denunciaron ante la Inspección de Trabajo sindicatos como Intersindical Valenciana y UGT.

Ante la ausencia de acciones preventivas y de entrega de material de protección por parte de las plataformas, han sido los propios riders quienes han organizado repartos de mascarillas, guantes y geles desinfectantes entre sus compañeros. Así ocurrió en la ciudad de Valencia, donde se han realizado durante el mes de abril gracias al apoyo del Ajuntament de València y la Generalitat Valenciana.

El 29 de marzo, cuando se cumplían dos semanas de confinamiento, y tras haberse prorrogado por otras dos semanas el estado de alarma, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 10/2020, por el que se regulaba un permiso retribuido para trabajadores asalariados dedicados a actividades no declaradas esenciales. De nuevo, el delivery se mantenía como servicio esencial y, en cualquier caso, la norma afectaba exclusivamente a asalariados. Los colectivos de riders que se opusieron a esta decisión no lo hicieron únicamente por considerar que, por momentos, se estaban realizando repartos prescindibles e incluso ilegales (aludiendo al reparto de droga), sino que denunciaron tener que prestar el servicio en condiciones de insalubridad poniendo en riesgo su salud y la de los clientes.

En medio de las denuncias por falta de medidas de protección, Glovo ha reducido a la mitad la remuneración base por pedido de los repartidores en todas las ciudades. Los colectivos de repartidores han expresado que, a pesar de que aumenta la remuneración variable que se abona por km recorrido, los cálculos realizados y la realidad demuestran que esta decisión supone una bajada de las tarifas.

La precariedad inherente a esta forma de trabajo conlleva, entre otras consecuencias, problemas económicos relacionados con la escasa remuneración, pero también con la dificultad para acceder a prestaciones sociales. Esta cuestión llevó a estos colectivos a organizar cajas de resistencia que pudieran brindar apoyo económico a los repartidores que lo necesitaran, tal y como hemos podido comprobar en las redes sociales de colectivos como Riders x Derechos y Free Riders.

Todas estas circunstancias han llevado a los colectivos de riders y a algunas centrales sindicales a convocar huelgas y manifestaciones durante la vigencia del estado de alarma, suscitando nuevas reflexiones jurídicas de gran calado constitucional. Las huelgas fueron convocadas para algunos días y tan solo en la empresa Glovo. Las manifestaciones se habrían desarrollado, mayoritariamente, el 1 de mayo, de forma rodada empleando las bicicletas y motocicletas dedicadas al reparto. Pero los riders se encontraron, de nuevo, con escollos derivados tanto de ser considerados autónomos por la plataforma como del régimen jurídico del estado de alarma.

Y es que, por un lado, aunque el derecho de huelga ha permanecido plenamente vigente en tiempos de la Covid-19, los trabajadores autónomos no tienen reconocido tal derecho, por lo que los paros de su actividad pueden repercutirles negativamente. Por otro lado, las manifestaciones convocadas fueron prohibidas por las Delegaciones del Gobierno, a pesar de que ese derecho fundamental no ha estado jurídicamente suspendido y de que su limitación solo puede realizarse atendiendo al principio de proporcionalidad. Ahora bien, aunque con argumentos discutibles, estas decisiones prohibitivas han sido refrendadas por los Tribunales Superiores de Justicia (salvo el de Aragón) y, en parte, por el Tribunal Constitucional.

El aluvión de adversidades solo encontró un atisbo de luz a finales de abril, cuando el Juzgado de lo Social nº 2 de Zaragoza declaraba relación laboral el vínculo entre Deliveroo y los 57 repartidores de la ciudad. Esta sentencia se suma a otras que se pronuncian en la misma dirección y que han escorado mayoritariamente las soluciones judiciales a favor de los riders. En cualquier caso, los trabajadores demandan una regulación que los ampare y que les exima de estar reclamando constantemente sus derechos ante la Inspección de Trabajo y los Tribunales.

La Cátedra de Economía Colaborativa ha abordado reiteradamente la problemática jurídica en torno a la relación laboral entre los riders y las grandes plataformas. En esta crónica, además, se han dedicado las últimas páginas a esbozar propuestas de organización cooperativa y sostenible del trabajo como alternativa a la imposición, la precariedad y la competitividad de las grandes plataformas. Por ello, desde la Cátedra se pusieron en contacto con el ex repartidor de Deliveroo Martino Correggiari, socio fundador de la cooperativa de ciclomensajería madrileña La Pájara, para que nos contara la experiencia de esta pequeña empresa.

Esta cooperativa, apoyada por programas financiados públicamente, nos enseña que es necesario que las instituciones públicas pongan en marcha instrumentos de intercooperación, entidades de acompañamiento y asesoramiento, así como de campañas de sensibilización e información acerca de las alternativas de consumo responsable. Todo ello, como medidas complementarias a la regulación laboral y a los mecanismos de control del cumplimiento de esta en el ámbito de las plataformas.

Esta crónica es la continuidad de una investigación más amplia de la Cátedra sobre el trabajo en plataformas digitales. El documento completo se puede consultar en este enlace.