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Carme Melo Escrihuela, profesora del Departamento de Geografía, investigadora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) y directora del Centro Internacional de Gandía de la Universitat de València, publica en The Conversation cómo la crisis de la COVID-19 ha causado disrupciones en las cadenas alimentarias de todo el mundo, afectando tanto al suministro como a la demanda.

Los desajustes en la cadena alimentaria se están produciendo como resultado de la combinación de tres tipos de acaparamiento y de las restricciones impuestas por el confinamiento. Como señala Carme Melo, el primer tipo de acaparamiento han sido las compras compulsivas motivadas por el pánico colectivo. La segunda modalidad es la protagonizada por las grandes cadenas de supermercados que han especulado con productos básicos como las hortalizas, cosa que ha hecho subir los precios en los mercados de abasto en detrimento del pequeño y mediano comercio, y ha perjudicado así al conjunto de la sociedad; y en tercer lugar, algunos países están frenando sus exportaciones para proteger a la cadena alimentaria nacional ante el temor por un posible desabastecimiento.

La expansión de la COVID-19 nos muestra la vulnerabilidad e inestabilidad del sistema agroalimentario europeo, que depende en buena medida de las importaciones, del mercado exterior, de las grandes industrias agroalimentarias y de la mano de obra extranjera. Todos estos factores tendrán con toda probabilidad un impacto negativo en nuestra seguridad alimentaria en los próximos meses.

En el artículo publicado en The Conversation, la investigadora añade que una de las principales soluciones debe centrarse en fomentar la producción y el consumo de proximidad que generan importantes beneficios para la economía local y el pequeño y mediano comercio, y permite sustituir la presencia de petroalimentos en nuestras dietas por la de productos de kilómetro 0 y reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Carme Melo apunta que la COVID-19 visibiliza y magnifica las desigualdades sociales. Sus efectos alcanzan de forma especialmente dramática a las personas en riesgo de exclusión y a los hogares más vulnerables. La crisis del coronavirus evidencia cuál es el trabajo indispensable para el mantenimiento de la vida y muy especialmente el papel fundamental que desempeña el sector agroalimentario. Por lo tanto, deben garantizarse medidas como la apertura de las rutas que posibilitan el suministro alimentario, o la movilidad de personas no solamente a los supermercados, sino a todos los lugares donde se distribuyen alimentos, para evitar peores consecuencias.

La investigadora concluye que se trata de implementar soluciones que permitan a los agricultores y a las agricultoras vender sus productos y evitar el desperdicio alimentario, mientras apostamos por el consumo agroecológico de proximidad.

Leed el artículo original publicado en The Conversation.