El fraude fiscal llevado a cabo a través de paraísos fiscales es una lacra para las autoridades de muchos países. Tras el escándalo de los 'Papeles de Panamá' muchas de estas prácticas han quedado al descubierto. Para evitarlas, los estados firman acuerdos y convenios de intercambio de información sobre la actividad económica de sus ciudadanos.
6 de abril de 2016
El escándalo de la revelación de los llamados Panamá Papers ha causado un gran revuelo internacional. La filtración de los documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca dejó descubiertas sociedades opacas de líderes políticos y personalidades internacionales de todos los ámbitos. Entre los implicados se encuentra el primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson, el presidente ruso Vladimir Putin o el jugador de fútbol Lionel Messi. Entre los españoles están el director de cine Pedro Almodóvar o la tía del rey Felipe VI, Pilar de Borbón.
En lugar de otros métodos como poseer cuentas en paraísos fiscales, se puede inscribir una sociedad opaca en lugares como Panamá donde existen muchos beneficios fiscales. Mediante esta posibilidad, que en ocasiones cuenta con un proceso burocrático no muy complejo, se pueden facturar en Panamá sumas de dinero obtenidas en cualquier otro lugar donde se tendría que pagar elevadas tasas de impuestos. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que ha sacado a la luz todo el entramado explica los procesos y las formas de fraude fiscal que se pueden llevar a cabo en este enlace.
Paraíso en el punto de mira
A finales de febrero el gobierno panameño transmitió a los países miembros del G20 celebrado en el país su intención de crear un sistema automático propio de intercambio de información fiscal. De esta manera el gobierno pretende afianzar el tráfico financiero y asegurar, entre otras cosas, la confidencialidad de los usuarios en base a un marco normativo legal.
Después de conocer las intenciones del gobierno panameño, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) volvió a incluir al país en la lista gris donde se incluyen las naciones que no cumplen con las condiciones y el compromiso de cooperar para evitar fraudes fiscales como la evasión de impuestos o el blanqueo de dinero. Una de las exigencias de la OCDE para evitar está situación era que Panamá intercambiara información fiscal automáticamente, una medida que supuestamente se aplicaría a partir de 2018 según el país latinoamericano.
Esta postura no beneficia la reputación financiera del país que ahora en el punto de mira internacional después del escándalo de los Papeles de Panamá. Justo en febrero había conseguido salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero tras los últimos acontecimientos países como Francia se ha sumado a la línea de la OCDE y han vuelto a clasificar a Panamá como paraíso fiscal.
Formas de control
- Convenios de doble imposición: El control de capitales se realiza mediante regulaciones y convenios intergubernamentales. España retiró al país latinoamericano de su lista de paraísos fiscales en 2011 tras la firma del acuerdo para evitar la doble imposición, mediante el cual se conseguía facilitar el intercambio de información fiscal. Un hecho que no ha conllevado a la detección de la evasión de impuestos y posible blanqueo de capitales que se ha perpetuado hasta la revelación de los Panamá Papers. La Agencia Tributaria mantiene casi un centenar de convenios de este tipo con diferentes países.
- Ley Fatca: En el caso de los Estados Unidos, la ley Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) se aprobó en 2010 y entró en vigor hace tres años con el objetivo de controlar delitos de evasión fiscal llevados a cabo por ciudadanos estadounidenses. Con esta legislación se exige a las instituciones de los países que firmen el compromiso de informar de las actividades financieras de las personas con nacionalidad estadounidense. Para asegurar la adhesión y la aplicación de la ley Fatca, la autoridad fiscal de Estados Unidos establece sanciones a las entidades que no cumplan con la normativa, como retenciones del 30% de los activos que provengan del exterior o prohibición de realizar negocios en el país norteamericano.
