La Ley 5/2019, de 28 de febrero de la Generalitat, de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana, ha manifestado entre sus objetivos solucionar los problemas que para la agricultura y ganadería valenciana están planteando el abandono de tierras, y la excesiva fragmentación de la propiedad agraria en la Comunidad valenciana. Para ello, la ley se plantea una batería de instrumentos, dirigidas, por un lado, a dinamizar el mercado de tierras, entre las que cabe destacar la creación de la Red de tierras, y los incentivos fiscales a la movilidad de las parcelas. Por otro lado, para mejorar el tamaño de las explotaciones se regulan, tanto las reestructuraciones parcelarias (a través de iniciativas públicas o privadas, y de permutas voluntarias) como las Iniciativas de gestión en Común (IGC). Mecanismo éste último que asimismo facilitaría el relevo generacional, y que serían incentivadas no sólo a través de beneficios fiscales, sino asimismo a través de ayudas directas de la Generalitat Valenciana.