Existen numerosas razones, de carácter técnico-económico, que justifican que la responsabilidad principal de la protección del patrimonio histórico debe recaer en la acción colectiva y a través del sector público. Pero tanto desde la simple observación de la realidad como desde aproximaciones teóricas es evidente que numerosos recursos privados, ya sea con voluntad de lucro o sin ella, fluyen en las sociedades occidentales hacia la valorización del patrimonio. Ante la doble restricción de que por una parte nos encontramos frente a una tendencia estructural a la no sostenibilidad de los recursos públicos orientados a la preservación del patrimonio, y por otra parte, ante una previsible situación de contracción de los recursos públicos orientados hacia la provisión de bienes y servicios, debido a la crisis económica, cabe plantearse cómo conseguir que la preservación del patrimonio o su gestión sea también un espacio atractivo para recursos privados que busquen recompensas de mercado o de aquellos fondos que sin voluntad de lucro persigan algún otro tipo de recompensa en términos de capital cultural, imagen, reconocimiento social, legitimidad, etc. En este trabajo tratamos de aproximarnos, desde la perspectiva de la Economía de la Cultura a cómo se manifiesta la dimensión pública de la preservación del patrimonio y cómo necesita complementarse de una manera abierta con nuevos modelos de partenariado público-privado. Esta apertura del modelo de políticas de protección del patrimonio requiere de mayores niveles de información, transparencia y participación y constatamos que sólo con mayor grado de gobernanza será posible alcanzar niveles más elevados de eficiencia social.