'Derecho penal de la peligrosidad: tutela y garantía de los derechos fundamentales'

Los principios penales, recogidos expresa o implícitamente en la Constitución como garantías del ciudadano frente al ius puniendi, están basados en el reconocimiento de la capacidad de decisión de los ciudadanos y en la atribución a estos de responsabilidad penal por sus acciones, de las que se predica su libertad. Ello fundamenta dogmáticamente no sólo el concepto tradicional de culpabilidad, sino incluso el de conducta (un hecho que se considera propio y al que se atribuye una responsabilidad derivada de la infracción de un deber personalmente exigible): sólo porque un ciudadano ha incumplido por acción o por omisión aquello que le era personalmente exigible se justifica la imposición de una consecuencia jurídica que implica limitar su libertad. Todo ello se desmorona si el fundamento de la intervención penal se desplaza hacia la peligrosidad, cuya determinación está muy lejos de poder establecerse con un mínimo de certeza y donde la proporcionalidad pierde su asidero fundamental en el hecho cometido.

Acrónimo

DER2017-86336-R

Descripción

En este contexto, la premisa de este proyecto es, a partir de una visión multidisciplinar donde se combina la dogmática penal con la metodología empírica de la criminología, repensar los fundamentos de este Derecho penal de la peligrosidad, revisando el papel limitador del poder punitivo del Estado que desempeñan los Derechos fundamentales sin cuyo respeto y garantía deja de poder hablarse de Estado social y democrático de Derecho. Los objetivos concretos del proyecto son por tanto los siguientes:

analizar las aportaciones que está realizando la neurociencia, tanto en el ámbito de la imputabilidad como en el de la culpabilidad y en el de la estimación del riesgo de comisión de delitos futuros;
reflexionar sobre las consecuencias que tiene para el principio de proporcionalidad colocar la peligrosidad como fundamento de la intervención penal, tanto por lo que respecta a sujetos imputables como inimputables;
reforzar el significado democrático de la legalidad penal con la interpretación que integra la protección de los derechos fundamentales como elemento integrante del juicio de legalidad penal;
analizar la virtualidad de los Derechos fundamentales como límites a la política-criminal securitaria, valorando críticamente el papel que juegan en el discurso dogmático y político criminal actual los derechos fundamentales y los derechos humanos no sólo como límite sino también como motor de la aplicación del Derecho penal (obligaciones de criminalización, castigo y prevención, sedicente ‘derecho fundamental a la seguridad’, etc.);
estudio del diseño legal, fundamento y aplicación práctica de la medida de libertad vigilada, con especial atención a los supuestos en que se impone a sujetos imputables;
relevancia, implicaciones y peligros de las nuevas técnicas (estructuradas) de estimación del riesgo de comisión de nuevos delitos;
análisis de las manifestaciones más características del Derecho penal de la peligrosidad en la actualidad:
- estudio del riesgo de reincidencia de los condenados por delitos relacionados con la pornografía infantil (elaboración de perfiles, identificación de necesidades criminógenas, adecuación y carencias de los programas de tratamiento existentes);
- análisis político-criminal, criminológico y jurídico-penal del terrorista como sujeto peligroso, especialmente el vinculado al yihadismo y a los comportamientos caracterizados por el uso de nuevas tecnologías de la comunicación: enaltecimiento y autoadoctrinamiento.