La situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 obligó a las
autoridades sanitarias estatales a confinar a toda la población durante más de 60 días, saliendo progresivamente del confinamiento con avances y retrocesos debido a nuevas olas por variantes del virus que pasaron a ser gestionadas, con el tiempo, por las comunidades autónomas. La población de personas con diversidad funcional intelectual PDFI), en tanto que colectivo vulnerable, fue objeto de medidas más estrictas, con normativas cambiantes que dejaban margen a la interpretación particular de los directivos de los centros.