Declaración de València: La compra pública alimentaria como palanca para los derechos del campesinado y el derecho a la alimentación
Desde el Foro Internacional realizado en València el 1 y 2 de octubre de 2026, los actores participantes proclamamos que la Compra Pública Alimentaria es una de las herramientas de política pública más potentes para transformar nuestros sistemas agroalimentarios hacia modelos más justos, sostenibles y arraigados en los territorios y para asegurar los derechos del campesinado y el derecho a la alimentación.
Las organizaciones campesinas, sociales, institucionales y académicas; las personas activistas por los derechos campesinos y el derecho a la alimentación, provenientes de América Latina, Asia, África y Europa y reunidas los días 1 y 2 de octubre nos muestran que existen alternativas y que ya están en marcha. Países como Brasil, la India, Indonesia, Cabo Verde y varios territorios en Europa, nos enseñan que cuando el Estado garantiza precios justos, reserva cuotas para la agricultura campesina e invierte en redes locales, la compra pública alimentaria puede convertirse en un motor de fortalecimiento de los mercados locales, desarrollo rural, salud pública, equidad y bienestar social.
Se estima que los Estados miembros de la UE dedican cada año 50.000 millones de euros a compra publica alimentaria, algo que no podemos considerar neutro, ni reducir a un mero trámite administrativo. No es aceptable que el dinero público financie alimentos producidos a costa de la vulneración de derechos laborales, la degradación ambiental o unas condiciones de vida y trabajo precarias.
La emergencia climática, la pérdida acelerada de biodiversidad, la liberalización comercial, la desregulación de los mercados y el creciente control corporativo de los sistemas agroalimentarios están poniendo en riesgo la supervivencia del campo y el derecho de todas las personas a una alimentación saludable, culturalmente apropiada y digna.
A ello, se suma la falta de coherencia entre determinadas políticas públicas que, mientras promueven la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles, mantienen o favorecen medidas comerciales, agrarias, económicas o de contratación que dificultan esos mismos objetivos. Esta falta de coherencia, así como la insuficiente coordinación entre los distintos niveles de gobierno, reduce la eficacia de las políticas públicas y limita la capacidad transformadora de la compra pública alimentaria.
Durante décadas, la externalización en los servicios públicos de las cocinas en nuestros colegios, hospitales y residencias ha sometido la alimentación a criterios de precio y rentabilidad, favoreciendo modelos de producción y distribución industrial y concentrada. Este modelo dificulta el acceso de la agricultura campesina y familiar de pequeña y mediana escala a la compra pública, presiona a la baja los precios en origen, contribuye al vaciamiento de nuestros pueblos y aleja los alimentos frescos, locales y de temporada de nuestras mesas.
Al mismo tiempo, la alimentación en estos espacios tiene una dimensión fundamental de salud pública, prevención y educación alimentaria. La compra pública no puede limitarse a garantizar el abastecimiento: debe contribuir a que las personas, especialmente la infancia, personas mayores y colectivos en situación de especial vulnerabilidad, tengan acceso a alimentos adecuados, saludables y culturalmente apropiados.
Desde este Foro, en el que nos hemos reunido el movimiento campesino, las organizaciones sociales, la comunidad científica y representantes de las administraciones públicas de distintos niveles, hacemos un llamamiento a los poderes públicos y exigimos:
Primero: Modificar las normas de contratación pública. Reclamamos que el precio deje de ser el criterio dominante en la Compra Pública Alimentaria. Exigimos una contratación descentralizada diseñada para facilitar el acceso de la agricultura campesina, priorizando este modelo con porcentajes mínimos obligatorios y facilitando el proceso para alcanzar que la totalidad de las compras públicas proceden del mismo con reserva de contratos, lotes adaptados a las pequeñas producciones diversificadas y organizaciones productoras, y criterios sociales, ambientales, de alimentos locales y de calidad que permitan orientar el gasto público hacia sistemas alimentarios más justos y sostenibles con plena seguridad jurídica.
Segundo: Garantizar precios justos y contratos estables. La compra pública debe asegurar precios que cubran los costes de producción y garanticen una remuneración digna para quienes producen, así como contratos estables que aporten seguridad y previsibilidad. Estas condiciones son fundamentales para sostener la agricultura campesina y familiar y favorecer el relevo generacional en el campo. Estos principios deben orientar también las compras de los organismos internacionales, especialmente del Programa Mundial de Alimentos, para fortalecer los mercados locales. Para los alimentos que no pueden producirse localmente, reclamamos promover el comercio justo. Debe asegurarse la coherencia de estos enfoques en el conjunto de políticas públicas agrarias y alimentarias, a nivel local, estatal y europeo, en especial respecto a la PAC y las políticas de regulación de mercados. Conviene, a su vez, explorar vías de trabajo más profundas, como una Seguridad Social Alimentaria, para asegurar el derecho a la alimentación y proteger el modelo social de agricultura y ganadería campesina y familiar.
Tercero: Recuperar y fortalecer la infraestructura agroalimentaria campesina y pública. Exigimos la recuperación de las cocinas in situ en los centros educativos, sanitarios y asistenciales, el avance hacia modelos de cocina de proximidad frente a la generalización de la línea fría y la inversión en centros logísticos y de acopio territorial que permitan a la agricultura campesina abastecer de forma estable y planificada la demanda de la compra pública.
Cuarto: Priorizar el intercambio y la formación entre actores para apoyar la salud, la cooperación y la soberanía alimentaria. La compra pública debería facilitar la educación, el entendimiento y la cohesión territorial entre actores, promoviendo alimentos frescos, de temporada y agroecológicos procedentes de la agricultura campesina, al tiempo que pone en valor la cultura alimentaria local y el papel esencial del personal de cocina. Por ejemplo, en el caso de los comedores escolares es imprescindible formar e involucrar a toda la comunidad educativa —profesorado, familias, alumnado, equipos de cocina y direcciones de los centros— para que la transformación del comedor sea sostenible y participativa. Las autoridades competentes deben rendir cuentas sobre los avances y aplicación de las políticas de compra pública.
Quinto: Exigir la debida diligencia en materia de derechos humanos. Ni un solo recurso público debe contribuir a cadenas de suministro asociadas a la explotación laboral, la vulneración de los derechos campesinos, la degradación ambiental y el uso de agrotóxicos o el acaparamiento de tierras, especialmente en el Sur Global. Exigimos que la contratación pública sirva para garantizar el Derecho a una Alimentación Adecuada e incorpore mecanismos efectivos de prevención, identificación y reparación de vulneraciones de derechos humanos, en coherencia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP).
Y sexto. Garantizar una gobernanza multinivel con participación efectiva de las organizaciones campesinas. Las políticas de compra pública alimentaria requieren coordinación entre los distintos niveles de gobierno y participación efectiva de las organizaciones campesinas en su diseño, implementación y evaluación. Reclamamos espacios estables de diálogo entre administraciones, organizaciones productoras y otros actores que permitan conectar las políticas locales, regionales, estatales y europeas y garantizar su coherencia. La agricultura campesina debe ser reconocida como sujeto político y parte activa de las decisiones sobre los sistemas alimentarios, garantizando mecanismos de participación, seguimiento y rendición de cuentas. Contamos con la evidencia científica, disponemos de las herramientas jurídicas y la sociedad civil está organizada. No faltan diagnósticos; hacen falta decisiones políticas estructurales que conviertan la Compra Pública Alimentaria en una política de Estado dotada de estabilidad y continuidad más allá de los ciclos de gobierno.
Desde València afirmamos que otra política agroalimentaria es posible, urgente e inaplazable. Hagamos del presupuesto público una herramienta de dignidad para el campo, de salud para la ciudadanía y de justicia para el planeta.
