El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valencia, reunido en sesión extraordinaria, reclama la retirada del real decreto-ley 14/2012 que sube las tasas universitarias y que modifica la dedicación docente del profesorado. Además, atendiendo a sus consideraciones, manifiesta:

1- El Consejo de Gobierno expresa su malestar por la plasmación de un cambio del modelo universitario público, realizado mediante la aprobación sucesiva de normas de emergencia, medidas que no han estado comunicadas previamente a la comunidad universitaria ni se han debatido en sede parlamentaria. Con el argumento de reducir la gasto público, lo que se está ejecutando es una transformación del modelo público de universidad que funciona con consenso desde la recuperación de la democracia a España.

Sin rechazar el inicio de un proceso de debate para la mejora del sistema, el Consejo de Gobierno denuncia la campaña de desprestigio de la universidad pública, acusada de ineficiencia y de falta de controles, cuando se trata de uno de los sectores más estrechamente sometido a evaluaciones continuadas (en docencia, en investigación, en transferencia...) por parte de agencias de toda naturaleza: autonómicas, estatales e internacionales.

La contribución del sector universitario público al crecimiento y a la creación de puestos de trabajo está contrastada por parte de instancias independientes (informe de el IVIE, entre otros) .

2- El Consejo de Gobierno rechaza el incremento desproporcionado de las tasas, tanto en grados como en másters, que restringe el acceso a la universidad en igualdad de condiciones, y que, en momentos de crisis como el actual, impedirá a muchas familias hacer frente a todos las gastos que implica la enseñanza superior. Las medidas aprobadas mediante el mencionado decreto-ley provocan un riesgo de exclusión social
La Universidad pide una política de becas más amplia, que garantice la equidad social y que contrarreste las graves consecuencias económicas y sociales que causa la crisis económica, recordando que el actual volumen de becas en España representa, tan solo, una tercera parte de la media de los países del OCDE. En el caso de los estudiantes extracomunitarios, el aumento de las tasas compromete el trabajo de internacionalización de la universidad española y las políticas de cooperación con las regiones del planeta más desfavorecidas.

Contrariamente al mensaje que se está enviando a la sociedad respecto del rendimiento de los estudiantes, hay que señalar que los indicadores más solventes (OCDE) sitúan al estudiante universitario español nueve puntos por encima de la media de los países más avanzados en cuanto a la finalización de estudios en el plazo previsto en los planes de estudio.
La Universidad de Valencia, como institución comprometida con la sociedad valenciana, no quiere contribuir a incrementar la exclusión social que las medidas adoptadas puedan implicar.

3- La modificación de las condiciones de trabajo del profesorado, realizada también mediante la aprobación de normas de emergencia, llega precedida de una campaña de desprestigio de las funciones docentes, investigadoras y de gestión. Esta medida no incrementará la calidad de la enseñanza, bien al contrario reducirá el nivel formativo del estudiante, dificultará el desarrollo de las tareas de investigación y afectará el clima laboral. El aumento de la dedicación docente tendrá como efecto un empeoramiento de las condiciones laborales y la pérdida de numerosos puestos de trabajo. Además, para la distribución de esta dedicación no se tienen en cuenta la multiplicidad de tareas y de situaciones concretas, lo cual puede generar tropiezos y desigualdades injustificadas entre el personal docente e investigador.

La Universidad de Valencia hace una llamada a la responsabilidad institucional de las administraciones públicas que promovieron el crecimiento y la expansión territorial del sistema público universitario, y que ahora imponen ajustes que comprometen la viabilidad futura del sistema en sus dimensiones y características actuales.

La Universidad de Valencia está comprometida con la mejora del sistema universitario y con la eficiencia y la eficacia en sus actividades docentes, de investigación, de transferencia de conocimiento y de generación y difusión cultural y de la ciencia, así como de sus procesos de gestión internos.

La Universidad no puede aceptar medidas que le obligarán a dejar de prestar un servicio público y de calidad esencial que garantiza el derecho al acceso a la enseñanza superior y la generación del conocimiento en beneficio de la sociedad y del resto de los niveles educativos.

Por todo eso, el Consejo de Gobierno de la Universidad pide la retirada del decreto y la apertura del diálogo constructivo entre la administración pública y los órganos de representación de la comunidad universitaria. Asimismo, hace una llamada a la comunidad universitaria, y también a la sociedad en general, a participar en la defensa y la mejora de la enseñanza universitaria como vehículo al servicio del progreso y de la cohesión social.
 

Fecha de actualización: 9 de mayo de 2012 11:01.