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Asbel Bohigues, Universitat de València

En los últimos meses las acusaciones de corrupción han ido rodeando a más y más figuras cercanas al presidente del gobierno español Pedro Sánchez: desde su mujer y su hermano a antiguos altos cargos de su partido e incluso el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Hace ocho años, el 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez se convertía en el primer presidente del gobierno de España tras una moción de censura exitosa contra el gobierno conservador de Mariano Rajoy. La moción, la desató el escándalo de corrupción Gürtel, y recibió el apoyo de una amplia coalición de izquierdas y partidos nacionalistas.

Aquella mayoría parlamentaria sentaba entonces las bases de un nuevo ciclo político en España. Desde entonces, Sánchez ha gobernado por medio de una compleja alianza que reúne a tres grupos diferentes: su propio Partido Socialista Obrero Español (PSOE), partidos a su izquierda (primero, Unidas Podemos y, más tarde, Sumar), y un conjunto diverso de fuerzas nacionalistas periféricas, sobre todo basadas en el País Vasco y Cataluña.

Esa coalición se ha demostrado más resistente de lo que muchos esperaban. Ha sobrevivido a la pandemia, ha aprobado reformas sociales y laborales importantes, y se ha asegurado el apoyo parlamentario suficiente para que Sánchez continuara en el cargo tras las elecciones generales de 2023.

Sin embargo, la coalición ha ido haciéndose más y más frágil. Y, por primera vez desde 2018, la fuente de inestabilidad puede ser el propio PSOE.

Los primeros signos de la debilidad aparecieron entre los partidos a la izquierda del PSOE. La alianza que se había forjado en torno a Unides Podemos se fragmentó, y su sucesor, Sumar, ha tenido que lidiar con mantener la unidad entre los partidos que lo constituyen. La segunda pata de la coalición, los partidos nacionalistas y regionales que apoyan a Sánchez en el parlamento, también se ha hecho más difícil gestionar.

Las consecuencias son bien visibles. El gobierno no han aprobado unos presupuestos de estado nuevos desde 2022, y ha confiado en prórrogas de presupuestos anteriores, y las derrotas parlamentarias se han convertido en el pan de cada día.

Pese a estas dificultades, el PSOE –y el propio Sánchez– ha seguido siendo el activo más fuerte de la coalición. Sánchez ha superado con creces las expectativas, ha sobrevivido a derrotas electorales, manteniendo una posición central en la política española. Mientras que los socios de coalición generaban incertidumbre, los socialistas proporcionaban estabilidad. Ahora esto quizás ya está cambiando.

Acusaciones de corrupción

A lo largo de los dos últimos años, un creciente número de investigaciones y acusaciones ha afectado a figuras conectadas al PSOE y al círculo más cercano de Sánchez. Los casos implican antiguos altos cargos del partido, miembros del círculo más cercano del presidente del gobierno, e individuos estrechamente relacionados con el gobierno.

Los partidarios del gobierno afirman que estas investigaciones son una guerra judicial (lawfare) de manual –una utilización motivada políticamente de los jueces para socavar o directamente atacar a enemigos. Hay datos para respaldar este punto de vista, porque algunas de las acusaciones de corrupción las han presentado Manos Limpias, un supuesto sindicato con lazos ultraderechistas. Ahora bien, los críticos defienden que los casos reflejan un escrutinio judicial legítimo respecto a quienes ejercen el poder.

Cualquiera que sea la interpretación que prime, las consecuencias políticas son ya evidentes.

El pasado año, el fiscal general fue inhabilitado en un caso que implica la revelación de información confidencial. El hermano de Pedro Sánchez tiene en la actualidad un juicio por las acusaciones relacionadas con el nombramiento por su puesto de trabajo en la administración pública, y la mujer de Sánchez se encuentra también bajo investigación. El caso más perjudicial para el PSOE ha sido el escándalo Koldo, que presuntamente implica a un exministro y altos cargos del parto en un plan de corrupción relacionado con la compra de máscaras durante la pandemia.

Y a esa presión, se han añadido otras controversias. La miembro de PSOE Leire Díez fue acusada de buscar información y ejercer presión sobre los jueces que investigan casos de corrupción que implican al partido, con apoyo de cargos de esta formación.

Aunque el propio Sánchez no ha estado implicado en ninguno de los casos, las acusaciones de cohecho, las grabaciones filtrados, el favoritismo y la injerencia política se han combinado para crear la tormenta perfecta a su alrededor.

El último golpe ha llegado con la investigación al expresidente del gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero sobre supuestos lazos con Venezuela y la aerolínea Plus Ultra. Para el PSOE, la significación no es sólo judicial, sino política. Zapatero sigue siendo el miembro más destacado de la vieja guardia del partido. Tiene una amplia consideración como tótem de la izquierda española y ha apoyado a Sánchez.

Zapatero no sólo simboliza al PSOE sino también a la generación de socialistas que gobernó España entre 2004 y 2011. Es recordado sobre todo por ampliar derechos sociales, particularmente con la legalización de matrimonio de personas del mismo sexo y la reforma del aborto. Esta imagen como jefe progresista ha tapado en gran parte el recuerdo de sus medidas de austeridad, con recortes y acuerdos con el derechista Partido Popular (PP).

Las acusaciones contra él tuvieron un fuerte eco en la izquierda. Hablando en el Congreso español el 20 de mayo, el líder izquierdista catalán Gabriel Rufián resumió el estado de ánimo con brevedad: "Si esto es verdad, es una mierda. Pero si es mentira, es una mierda aún mayor."

La pérdida del control de la narrativa

Como consecuencia de estas acusaciones, la cuestión que domina el debate público es ya no es la que elige el gobierno. La vivienda, la inflación y los servicios públicos son todavía las principales preocupaciones para los votantes españoles, pero las acusaciones de corrupción captan cada vez más la atención de la política y los medios de comunicación.

Esto representa un desafío significativo para cualquier gobierno. Una de las principales ventajas de ocupar al ejecutivo es la capacidad de conformar la agenda política. Cuando los gobiernos pierden esta capacidad, a menudo los cogen a contrapié, reaccionando a los acontecimientos más que dirigiéndolos.

El simbolismo resulta particularmente impresionante en el caso de Sánchez. Su ascenso al poder en 2018 llegó con un voto de censura al PP de Mariano Rajoy, después de haber sido embadurnado en su propia serie de escándalos de corrupción. Ocho años después, sus opositores intentan mostrar que el PSOE está cortado por el mismo patrón.

¿El final de un ciclo político?

Llegados a este punto, es necesaria una cierta perspectiva. La política española ha experimentado una notable continuidad desde 2018. Sánchez ha continuado en el cargo más tiempo de lo que esperaban muchos observadores, maniobrando en un parlamento fragmentado y un medio político cada vez más polarizado.

El actual gobierno de izquierda es uno de los más duraderos del período democrático español. Los ocho años de titularidad de Sánchez sólo les supera Felipe González, también del PSOE, que gobernó desde 1982 hasta 1996.

Tampoco podemos ignorar la posibilidad de que alguna de las actuales oleadas de acusaciones podría ser una guerra motivada política o judicialmente. Las palabras del expresidente del gobierno del PP José María Aznar, pronunciadas después de que Sánchez se aseguró un segundo mandato en 2023, todavía resuenan en la derecha: “Quien pueda hacer, que haga.” En otras palabras, cambia el gobierno con cualquier medio a su alcance.

Los gobiernos de Sánchez han logrado un notable éxito en sus políticas, incluyendo reformas de mercado laboral, aumentos en el salario mínimo y un papel activo en asuntos europeos e internacionales. Más recientemente, el gobierno ha sacado adelante la regularización de más de 500.000 inmigrantes sin papeles.

Incluso los críticos reconocen la extraordinaria capacidad de Sánchez para la supervivencia política. Aún ahora, después de ocho años en el cargo, algunos observadores, particularmente de la derecha, creen a España puede estar acercándose al final de un ciclo político.

Si esto es el caso, no es sólo el resultado de las acusaciones de corrupción y las investigaciones judiciales. Los partidos a la izquierda del PSOE son más débiles de lo que eran, y las relaciones con los aliados parlamentarios se han hecho más complicadas. La productividad legislativa se ha frenado. El partido ha sacado malos resultados en las elecciones regionales de Extremadura, Castilla y León, Aragón y su anterior baluarte de Andalucía.

Esto no significa necesariamente que el gobierno de Sánchez esté cerca de la caída. El presidente del gobierno tiene poco incentivo para convocar elecciones inmediatas, particularmente cuando la mayoría de sondeos de opinión indican que una coalición entre el PP y el ultraderechista Vox podría surgir como la alternativa. Y tampoco está claro que los votantes se hayan vuelto definitivamente contra los socialistas. La política española ha mostrado ahora y antes que la opinión pública puede moverse con rapidez, sobre todo durante las campañas electorales. Sin embargo, el estado de ánimo sí ha cambiado.

Durante años, el PSOE ha funcionado como la mayor base del gobierno de coalición en España. Los problemas habitualmente provenían de los compañeros de coalición minoritarios o de los aliados parlamentarios. Ahora, por primera vez, la fuente principal de incertidumbre parece estar en el centro de la coalición.

Tanto si las acusaciones actuales finalmente llevan a condenas, absoluciones o callejones políticos, ya se ha sentido su impacto. Han debilitado el control del gobierno sobre la agenda política, han incrementado las tensiones entre compañeros de coalición y han encendido la especulación sobre la durabilidad del gobierno de la coalición fundada en 2018.

Incluso los críticos reconocen la extraordinaria capacidad de Sánchez para la supervivencia política. Aún ahora, después de ocho años en el cargo, algunos observadores, particularmente de la derecha, creen a España puede estar acercándose al final de un ciclo político.

Hay ecos aquí de los años finales de la presidencia de Felipe González en los noventa, que quedó marcada por acusaciones de corrupción y escándalo del GAL. Aquellos últimos años se recuerdan a menudo como el lento declive de un largo gobierno de socialista y el preludio a la victoria de José María Aznar en 1996.

¿Quiere esto decir que, treinta años después, estamos presenciando la etapa final de la era Sánchez y el preludio de una coalición nueva de la derecha y las fuerzas ultraderechistas? Sería prematuro responder que sí. Pero la amplia coalición que llevó a Sánchez al poder parece más frágil hoy que en cualquier otro momento de los últimos ocho años.

Asbel Bohigues, Professor de Ciència Política, Universitat de València

Este artículo se publicó en The Conversation. Lea el original.