Como consecuencia de la separación de titularidades existen tan sólo dos patrimonios: el privativo de cada uno de los cónyuges, aunque éstos pueden ostentar los bienes en exclusiva o en comunidad ordinaria (arts. 392 y ss. CC).

El patrimonio privativo de cada uno de los consortes está integrado tanto por los bienes que tuviera al comienzo del régimen, como por los que adquiera después por cualquier título (art. 1437 CC).

Sin embargo, la comunidad de vida entre los cónyuges puede generar, de hecho, situaciones confusas en cuanto a la pertenencia de los bienes. A su solución destina el Código civil el art. 1441, en el que luego profundizaremos.

En el régimen de separación de bienes no juega el principio de subrogación real. Esto quiere decir que la titularidad del derecho corresponde al adquirente, con independencia de la procedencia de los fondos empleados en la adquisición. Sin perjuicio, en su caso, del derecho de reembolso del otro cónyuge cuando el caudal utilizado en aquélla fuera suyo.

Si los cónyuges adquieren conjuntamente, surge entre ellos una comunidad ordinaria (arts. 392 y ss CC).

Aunque formalmente exista separación de titularidades,la vida en común de los cónyuges puede generar cierta confusión,de modo que no sea posible acreditar cuál de ellos es el titular de algún bien o derecho de los que poseen. Situación que, en la práctica, afecta sobre todo, a bienes muebles. El Código civil resuelve el problema en el (art. 1441 CC). Este precepto establece una solución salomónica: el bien se atribuye por mitad a ambos cónyuges. En consecuencia, se aplican los arts. 392 y ss CC, relativos a la comunidad ordinaria.

La solución a favor de la titularidad común queda excluida si se prueba, por cualquiera de los medios admitidos en Derecho, la titularidad del bien, que corresponderá al cónyuge adquirente del mismo, sea cual sea la procedencia de los fondos utilizados para la adquisición (no opera en esta sede el principio de subrogación real). De ahí que no sea necesario acreditar el origen del dinero o bienes invertidos en la adquisición.

Entre estos medios de prueba tienen especial relevancia las presunciones posesorias, cuyo funcionamiento tiene peculiaridades cuando hablamos de la posesión entre cónyuges, pues muchas veces no existe posesión exclusiva por uno de ellos, en concepto de dueño, sino que son frecuentes los supuestos de coposesión o posesión indistinta.

En ocasiones, los cónyuges intentan eludir la acción de los acreedores desviando bienes desde el patrimonio del cónyuge endeudado hacia el de su consorte.

En la práctica, los acreedores más diligentes previenen estas maniobras – o, simplemente, el riesgo derivado de la insolvencia de uno de los consortes – exigiendo que la deuda se contraiga conjuntamente por ambos esposos, o que uno afiance al otro. Pero no siempre será así.

La suspicacia del legislador ante esta actitud de los cónyuges se encuentra en el origen de la moderna presunción muciana concursal. El Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal(en adelante, TRLC), la regula en el art. 195, rubricado “Presunción de donaciones”, por el cual debe entenderse tácitamente derogado el art. 1442 CC.

La libertad que corresponde a cada cónyuge para administrar, gozar y disponer de sus bienes (art. 1437 CC), encuentra algunas limitaciones, comunes a todos los matrimonios con independencia de su régimen económico, relativas al levantamiento de las cargas familiares – art. 1318 CC – o al régimen de disposición de la vivienda habitual – art. 1320 CC –, entre otros aspectos.

Por otra parte, un cónyuge puede gestionar bienes o intereses del otro en virtud de mandato expreso o tácito (arts. 1709 y ss. CC y art. 1439 CC), o realizar actos subsumibles en el régimen de la gestión de negocios ajenos sin mandato (arts. 1889 y 1891 CC). Igualmente, los consortes pueden apoderarse a tal efecto (art. 71 CC contrario sensu)– si se presentara demanda de nulidad, separación o divorcio, hay que tener en cuenta la dispuesto en el art. 102.2º CC en relación con la revocación automática de tales poderes –.

El (art. 1439 CC) señala: “Si uno de los cónyuges hubiese administrado o gestionado bienes o intereses del otro, tendrá las mismas obligaciones y responsabilidades que un mandatario, pero no tendrá obligación de rendir cuentas de los frutos percibidos y consumidos, salvo cuando se demuestre que los invirtió en atenciones distintas del levantamiento de las cargas del matrimonio”.

Como regla general es el consorte titular del patrimonio el único que puede responsabilizarlo frente a sus acreedores. Pero deben tenerse en cuenta algunos matices derivados de la comunidad de vida que implica todo matrimonio, relacionadas con el levantamiento de las cargas familiares. El art. 1440 CC, expone la regla general y apunta la excepción.

Como regla general, las obligaciones que contraiga cada cónyuge son de su exclusiva responsabilidad (cfr. art. 1911 CC).

Como excepción, quedan a salvo, según el mismo precepto, las obligaciones asumidas "en el ejercicio de la potestad doméstica ordinaria". De estas se respondrá en los términos de los arts. 1319 y 1438 CC. De acuerdo con estos preceptos, la responsabilidad se hará efectiva, en primer lugar, sobre los bienes privativos del cónyuge deudor. Si no bastan para cubrir la deuda, la responsabilidad se extiende al patrimonio del cónyuge del deudor, que podrá ser agredido por los acreedores, aunque con carácter subsidiario, para la satisfacción de sus créditos.

Un sector de la doctrina entiende que la responsabilidad subsidiaria del cónyuge del deudor, a la que se refiere el art. 1319 CC debe extenderse a todas las obligaciones contraídas para el levantamiento de las cargas del matrimonio, aunque excedan del ámbito estricto de la potestad doméstica.

En los párrafos anteriores nos hemos referido a la responsabilidad frente a los acreedores. En la esfera interna, entre los consortes, las deudas contraídas por cada uno de ellos son de su exclusivo cargo, salvo las vinculadas al levantamiento de las cargas del matrimonio, respecto de las que se estará a lo establecido en el art. 1438 CC. Según éste, en defecto de pacto, cada uno de los cónyuges debe contribuir al levantamiento de las cargas del matrimonio en proporción a sus respectivos recursos económicos. Si uno ha pagado más de lo que le correspondía, podrá repetir frente al otro en cuanto al exceso.

El (art. 1438 CC), complementario del art. 1318 CC, determina la obligación de los cónyuges de contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio, esto es, los gastos destinados a mantener ala familia, atendiendo sus necesidades, tales como alimentación, educación e instrucción de los hijos, asistencia sanitaria oatención al hogar. A falta de convenio, lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. Puede contribuirse tanto con trabajo como con dinero u otros bienes.

El trabajo para la casa no retribuido será computado como contribución a las cargas del matrimonio y, además, dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación. Si los cónyuges no se ponen de acuerdo en su cuantía, la fijará el juez a solicitud del interesado. Los criterios a los que se atiende para establecer el montante de la compensación son diversos. Puede considerarse, a tal efecto, el salario que cobraría un tercero por realizar estas labores, matizándolo o completándolo con otras consideraciones, pues la atención de la casa y los miembros de la familia por el cónyuge que se ocupa de estas labores (en la práctica, todavía de forma mayoritaria la mujer) excede de las tareas que realiza un/una empleado/a del hogar. Así, cabría tener en cuenta también la renuncia al desarrollo profesional o la posibilidad que ha tenido el otro cónyuge de progresar en su trabajo o en sus actividades profesionales o empresariales gracias al apoyo prestado por el que se queda en casa, liberándolo de estas tarea, o duración del matrimonio.

En el PDF de la Unidad se explica, con ejemplos clarificadores, los requisitos que deben darse, de acuerdo con la jurisprudencia, para que exista derecho a percibir esta compensación; así como los rasgos que la distinguen de la pensión compensatoria regulada en el art. 97 CC.

Se calcula el activo inicial (art. 1418 CC). En el mismo se incluyen los bienes y derechos que pertenecieran al cónyuge al comenzar el régimen y los adquiridos después a título de herencia, donación o legado (actos gratuitos). Estos bienes no se consideran ganancia (de ahí que se incluyan de modo ficticio en el activo inicial).

Se le resta el pasivo inicial (art. 1419 CC: obligaciones que tuviera el cónyuge al comenzar el régimen y las derivadas de herencia, donación o legado -que no superen el valor de lo heredado o recibido como donación o legado-).

Si el resultado fuese negativo, por ser superior el pasivo al activo, se considera que el valor del patrimonio inicial es 0 (art. 1420 CC).

El art. 1421 se refiere a la valoración de los bienes, que se efectúa de acuerdo con el valor que tuvieran cuando comienza el régimen o cuando el bien es adquirido, sin tener en cuenta las mejoras o deterioros sufridos. Eso sí, el citado valor se somete a actualización.

Está compuesto por los bienes y derechos de todo tipo y sea cual sea el título de adquisición, de que el cónyuge sea titular al finalizar el régimen con deducción de las obligaciones que no estén todavía satisfechas (art. 1422 CC).

Los arts. 1423, 1424 y 1425 cubren una franja de riesgo, evitando que las enajenaciones gratuitas o fraudulentas realizadas por uno de los cónyuges puedan burlar el derecho del otro a participar en las ganancias obtenidas por aquél. Por tanto, en el patrimonio final no solo se computa lo que queda al finalizar el régimen, sino lo que debería quedar, incluyéndose los bienes de los que el cónyuge haya dispuesto a título gratuito sin contar con el consentimiento de su consorte y los que haya enajenado en fraude de los derechos del otro.

Constituye la diferencia entre el patrimonio final y el inicial. Si hay pérdidas, se estima que la ganancia es 0. No hay, pues, participación en las pérdidas.

A diferencia de la sociedad de gananciales, constituyen ganancias partibles las plusvalías, mejoras o, en general, el aumento de valor de los bienes.

Si la diferencia entre el patrimonio final e inicial de cada cónyuge arroja resultado positivo (hay ganancia de los dos), la participación se realiza atribuyendo al cónyuge cuyo patrimonio haya experimentado un incremento menor, el derecho (de crédito) a percibir la mitad de la diferencia entre su ganancia y la del otro ( art. 1427 CC).

Cuando solo ha habido ganancia de uno, el otro cónyuge tiene derecho a la mitad de aquélla (art. 1428 CC).

Si ninguno de los dos obtuvo ganancia, nada hay que repartir.

De acuerdo con el art. 1429 CC, el valor de la participación de cada cónyuge en las ganancias del otro puede ser distinta a la mitad si los cónyuges así lo pactan al constituir el régimen, salvo que existan descendientes no comunes (art. 1430).

Se trata de un crédito de valor que se convierte en pecuniario al procederse a la liquidación, por lo que debe satisfacerse en dinero (art. 1431 CC); aunque el art. 1432 admite, en ciertos casos, la adjudicación de bienes concretos en pago del crédito, a modo de dación en pago.

Los arts. 1433 y 1434 regulan la posibilidad de impugnar el cónyuge acreedor las enajenaciones de bienes a título gratuito, hechas sin su consentimiento, o las fraudulentas cuando no hubiese bienes suficientes en el patrimonio del cónyuge deudor para hacer efectivo el crédito de participación.