La instauración de la II República en 1931 impulsa una política educativa orientada a fortalecer la acción del Estado para acabar con el problema histórico del déficit de escolarización, y a convertir la escuela en instrumento esencial para la reforma en profundidad de la sociedad. Quiere vitalizar la escuela, unida al pueblo. 
Y entiende que indispensables para ello son los maestros y maestras, a quienes hay que facilitar una verdadera formación “profesional” inicial y continuada: amplia formación cultural, firme preparación pedagógica. 
El decreto de 29 de septiembre de 1931, que reformaba el plan de estudios de Magisterio, expresaba que “urgía crear escuelas […] pero urgía más crear Maestros […] capacitar al Maestro para convertirlo en sacerdote de esta función […] dar al Maestro de la nueva sociedad democrática la jerarquía que merece y merecerá haciéndolo merecedor de ella […]. La República tiene la convicción de formar, independizar, sostener y fortalecer el alma del Maestro, con el fin de que sea el alma de la Escuela”.