La nueva cultura política que despliega la “transición democrática” representa la definición de un pacto constitucional para el sistema educativo. Eran objetivos prioritarios: resolver las deficiencias en la escolarización y garantizar el derecho de todos a la educación, potenciar la escuela pública y animar la escuela valenciana, introducir una gestión democrática en los centros, reducir los niveles de fracaso escolar, y renovar programas y orientaciones pedagógicas al objeto de atender importantes problemas manifestados sobre todo en el ciclo superior de la EGB.
Se trataba de conformar una escuela pública, democrática y de calidad, una obra en la que confluyen los primeros desarrollos legislativos (1977, 1981, 1984), que tratan de reordenar y actualizar la Ley de 1970, y un amplio conjunto de expectativas y alternativas animadas por grupos de renovación pedagógica, asociaciones de padres y madres y por el ejercicio de la acción sindical. Cambiar la escuela y cambiar la sociedad es una referencia esencial en ese momento.