La estabilización y el desarrollo económico provocan un mayor interés por la inversión en educación y la vinculan fuertemente con el crecimiento económico y la modernización de la producción. Impulsan así una orientación político-pedagógica que va definiendo una nueva racionalización tecnocrática del proceso didáctico: eficacia, rendimiento, evaluación.
La reforma de la formación del magisterio, a partir de 1967, tenderá a elevar el nivel y conseguir, en el plan de estudios, un mayor equilibrio entre los componentes/contenidos científicos y los técnico-pedagógicos. Sería elevada al rango universitario en 1970.
Ese mismo año la Ley General de Educación proclama la tarea de promover “oportunidades educativas” y se presentará como “llamada a integrar a los españoles desde la base, desde la escuela”.
La falta de apoyo presupuestario y los temores de la iniciativa privada ante el desarrollo de un “servicio público de la enseñanza” constituyeron pronto una auténtica contrarreforma. Con todo, algunas experiencias importantes comienzan ya con los primeros años setenta.