REQUISITOS DE ACCESO. Se requiere haber obtenido un título universitario español de licenciatura o grado u otro expedido por una institución de educación superior de otro país que faculte en éste para el acceso a enseñanzas de posgrado. También pueden acceder al título los estudiantes a los que falte menos de un 10% de los créditos para terminar los estudios de grado, de forma condicionada a que se aprueben durante el mismo curso académico.PERFIL DE INGRESO. El título se dirige especialmente a tres tipos de personas:1º. Recién graduados, empleados de aseguradoras y abogados ya ejercientes interesados en especializarse o profundizar sus conocimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio.2º. Autoridades y gestores públicos que en el desempeño de sus funciones conocen o se enfrentan a casos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas o del personal a su servicio.3º. Estudiantes universitarios de posgrado interesados en el Derecho de daños, especialmente en el ámbito público.
Las solicitudes de admisión de las personas que reúnan los requisitos de acceso se estimarán por el orden en el que fueron presentadas, hasta completar el número total de plazas.
Se espera que el título de experto permita al alumnado: 1º. Comprender las funciones que cumple la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, sus características y las consecuencias que se derivan de configurar de una manera u otra las reglas que disciplinan esta responsabilidad.2º. Conocer el Derecho realmente practicado por los tribunales y otros operadores jurídicos en esta materia.3º. Conocer la regulación general de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio.4º. Conocer las especialidades de las reglas de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas en sectores particularmente relevantes.5º. Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos y casos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
