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Interés académico, científico o profesional: La protección de la salud de las personas es un derecho fundamental reconocido en el artículo 43 de la Constitución Española, donde también se alude a la responsabilidad que los poderes públicos tienen en “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”. La salud, entendida como un estado de bienestar físico, psíquico y social, según la conocida definición de la Organización Mundial de la Salud, en su dimensión tanto individual como colectiva, está determinada por factores tanto de naturaleza biológica como ambiental y social. Los lugares y condiciones en los que se desempeña el trabajo son determinantes principales de la salud y el bienestar de las personas, y por tanto requieren de las adecuadas acciones de evaluación y control que garanticen la protección de la salud de los trabajadores. En el desarrollo de esta responsabilidad, en 1995 se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), marco normativo a partir del cual se establecen desarrollan toda una serie de principios y disposiciones organizativos y técnicos para garantizar la protección de la salud de los trabajadores en España. Así, las empresas deben garantizar que las condiciones y organización del trabajo sean seguras y saludables, teniendo responsabilidades en ello tanto directivos y decisores en los centros de trabajo, como trabajadores, con derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, y la propia administración, garante del cumplimiento de las disposiciones normativas y objetivos en este campo. En la Ley se fijan las distintas modalidades con las que, obligatoriamente, deben organizarse todas las empresas para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Los denominados Servicios de Prevención de Riesgos Laborales se convierten en uno de los principales recursos con los que cuentan las empresas para el asesoramiento y apoyo técnico que requiere la intervención en materia de salud y seguridad en el trabajo. A su vez, tanto en la modalidad de servicios de prevención propios como ajenos, estas entidades deberán contar con las instalaciones y los medios humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades preventivas que vayan a desarrollar en la empresa. En particular, la normativa establece que entre el personal cualificado en estos servicios se encuentren técnicos con la cualificación necesaria para el desempeño de funciones de nivel superior. Los futuros profesionales en materia de prevención de riesgos laborales requieren toda una serie de competencias básicas para cuya consecución la mejor garantía es la formación universitaria de posgrado.