El declive rural, entendido como un proceso estructural y multidimensional que combina transformaciones demográficas, económicas, sociales e institucionales, constituye hoy uno de los principales desafíos territoriales en nuestro país. En este contexto, la despoblación rural (a menudo abordada erróneamente como un fenómeno aislado y centrado en las dinámicas casi exclusivamente poblacionales) debe interpretarse como una de las manifestaciones más visibles de ese declive más amplio. No obstante, dado que el término “despoblación rural” es el que predomina en la agenda pública, en este trabajo se adopta su uso, pero con una interpretación más amplia e integral, que remite al contexto general en el que dicho proceso se inscribe. Teniendo esto en cuenta, el objetivo de este trabajo es identificar los principales problemas, los objetivos prioritarios y los instrumentos de intervención que puedan servir de apoyo a las personas responsables del diseño de políticas públicas. La estructura del documento se organiza en dos grandes apartados interrelacionados: un diagnóstico de los problemas vinculados al declive y la despoblación rural, y un segundo bloque centrado en los objetivos prioritarios e instrumentos de intervención. Ambos se articulan en torno a cuatro grandes ejes temáticos: (1) servicios e infraestructuras, (2) tejido productivo y emprendimiento, (3) gobernanza y diseño de políticas públicas, y (4) cohesión social y representaciones de lo rural. Se ha optado por un enfoque descriptivo y analítico que permita identificar con claridad los problemas, objetivos e instrumentos, evitando el exceso de tecnicismo y priorizando la utilidad práctica. Esta forma de exposición se orienta fundamentalmente a las personas responsables del diseño y la implementación de políticas públicas, para facilitar la toma de decisiones informadas y coherentes con la diversidad territorial del país. En este marco, el documento subraya la urgencia de planificar acciones tanto de mitigación como de adaptación; de priorizar a jóvenes, mujeres, personas mayores e inmigrantes; de avanzar hacia una gobernanza multinivel efectiva; y de promover una colaboración sostenida entre la academia, el sector público, el tejido empresarial y la sociedad civil, con el fin de avanzar hacia una verdadera equidad y cohesión territorial.