El cooperativismo de viviendas en España tiene una larga trayectoria que se inicia a finales del siglo XIX, siendo su época de mayor apogeo la que siguió tras la publicación de la Ley de 1954 de Renta Limitada por el número de viviendas construidas en régimen cooperativo, y por iniciarse el movimiento federalista de las cooperativas de viviendas, creándose en 1963 la Unión Nacional de Cooperativas de Viviendas, predecesora de la actual Confederación Nacional de Cooperativas de Viviendas (CONCOVI) En España-según datos de CONCOVI (2018)- las cooperativas de viviendas afiliadas son 2.700, las cuales adjudicaron viviendas a 1.600.430 cooperativistas. En 2017 facturaron 1568 millones de euros y dieron trabajo directo a unas 90.000 personas1. Una cooperativa de viviendas podría definirse como una asociación de personas que se unen voluntariamente para satisfacer unas necesidades económicas en común, en particular, acceder a una vivienda (en uso o propiedad) y sus anexos, en las mejores condiciones de calidad y precio. La cooperativa actúa en nombre propio, pero por cuenta de sus socios, sean éstos los titulares del suelo y de la construcción, o no. Una vez terminadas las viviendas, estas se suelen adjudicar en propiedad individual a cada socio, pero no tiene porqué ser así, podría acordarse que las viviendas continúen bajo la titularidad de la cooperativa cediendo su uso, en exclusiva o principalmente, a sus socios.