11 de marzo de 2021

Estrella del Valle Calzada
Investigadora predoctoral
Área de Derecho Internacional Público de la Universitat de València

Tras más de trece años de procesos judiciales y de lucha incesante de las víctimas, la empresa Shell comienza a recibir algunos reveses por las graves vulneraciones de derechos humanos y medioambientales de las que desde hace décadas es responsable en Nigeria. En menos de un mes se han publicado dos sentencias de tribunales holandeses y británicos - 29 de enero y 12 de febrero, respectivamente - que parecen contrariar la esfera de impunidad en la que habitaba la multinacional.

En un intento de dotar a sendas sentencias de un marco contextual, hemos de trasladarnos a las raíces del conflicto: el contexto ambiental y social que se vive en el Delta del Níger. Los hechos tienen causa directa en las actividades extractivas que desde hace décadas llevan a cabo diversos actores, con un papel protagonista de la gran multinacional Shell[1]. Una vez enmarcado el porqué del conflicto, pasaremos a analizar las acciones legales que se han iniciado en un intento de exigir responsabilidades y en concreto, las respuestas judiciales que han llegado en los últimos meses y que nos permiten hablar de ese pequeño “oasis de justicia”.

Tras más de trece años de procesos judiciales y de lucha incesante de las víctimas, la empresa Shell comienza a recibir algunos reveses por las graves vulneraciones de derechos humanos y medioambientales de las que desde hace décadas es responsable en Nigeria

Aunque son múltiples y complejos los conflictos en los que se ve inmerso el estado nigeriano, destaca por su gran impacto la encarnizada lucha por la extracción de recursos que ha llevado a Nigeria a erigirse durante muchos años como el primer productor de petróleo del continente y uno de los primeros de todo el mundo. Esta actividad extractiva es liderada por la empresa multinacional Shell desde su llegada al país y el inicio de su explotación en el año 1958. Desde entonces, son muchas las batallas judiciales que Shell tiene abiertas en distintos foros nacionales e internacionales, tanto de carácter judicial como no judicial.

No podemos hablar de la presencia de Shell en Nigeria sin referirnos a las acusaciones de complicidad de la empresa en la comisión de crímenes y violentos actos de represión cometidos por el Gobierno de Nigeria contra el Pueblo Ogoni y en particular, al conocido Caso Kiobel. En este sentido, es necesario recordar que el Pueblo Ogoni fue uno de los que con más fuerza se opusieron a la presencia de la multinacional Shell en sus tierras, razón por la que muchos de sus líderes fueron llevados ante tribunales sin mínimas garantías, sujetos a acusaciones arbitrarias y condenados a cumplir penas de prisión e incluso de muerte[2].

Es necesario recordar que el Pueblo Ogoni fue uno de los que con más fuerza se opusieron a la presencia de la multinacional Shell en sus tierras

Más allá de la complicidad en el asesinato de líderes del Pueblo Ogni, Shell ha sido directamente señalada como responsable de numerosos vertidos de petróleo a causa de las deficiencias en el sistema de extracción. Hablamos de una de las regiones más contaminadas del planeta[3], con los perjuicios que de ello se deriva para las generaciones presentes y futuras. La gravedad de estos vertidos deriva en múltiples impactos, tales como la contaminación de aguas, el deterioro de sus tierras, la destrucción de su medio de vida tradicional, pérdidas de ingresos y de cultivos… Así, la abundancia de recursos, una vez más convertida en maldición, no redunda en beneficios para la comunidad, sino que deja a Nigeria convertida en uno de los países con menor índice de desarrollo humano.

Ante el grave deterioro medioambiental ocasionado, las comunidades afectadas decidieron embarcarse en la ardua búsqueda de justicia y reparación.  Con este objetivo, y tras no obtener resultados satisfactorios por parte de la justicia nigeriana, grupos de afectados decidieron interponer acciones en otros foros, acudiendo ante órganos supranacionales como la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, o en sede judicial de otros países por medio de la jurisdicción extraterritorial. A este respecto, hemos de recordar que Royal Dutch Shell es una compañía anglo-neerlandesa, con sedes tanto en Reino Unido como en Países Bajos, razón que llevó a que se presentaran demandas en ambos países por los hechos narrados.

Hablamos de una de las regiones más contaminadas del planeta, con los perjuicios que de ello se deriva para las generaciones presentes y futuras

El argumento que hasta la fecha le había servido a Shell para evitar que se le derivaran responsabilidades por los vertidos producidos en Nigeria se basaba en el distanciamiento operativo con su filial, de cuyas actividades no se entendía responsable. La estructura empresarial de Shell busca precisamente esa impunidad por medio de las complejas telarañas corporativas, con multitud de filiales de las que proceden sus ingresos, pero de las que pretende distanciarse para eludir responsabilidades. Sin embargo, en este caso, la justicia inglesa y holandesa parecen haber logrado poner en tela de juicio esta estructura de impunidad.

En relación con la causa iniciada en Reino Unido, y después de numerosas instancias y periplos judiciales, el Tribunal Supremo acaba de dictaminar que será admisible la presentación de demandas contra Shell ante la jurisdicción británica, en tanto la matriz está nacionalizada en Reino Unido. Lo que pudiera parecer una decisión de poco calado, puede suponer un cambio de paradigma en el camino de lucha frente a la impunidad de las empresas transnacionales por vulneraciones de derechos humanos en los países en los que operan. Esta sentencia podría llevar a empresas británicas a replantearse su modelo de negocio en el extranjero, en tanto, siguiendo la línea jurisprudencial que marca ahora su Alto Tribunal, podría exigírseles responsabilidad ante los foros británicos.

Por lo que respecta al procedimiento llevado ante los tribunales holandeses, éste fue iniciado en el año 2008 por un grupo de demandantes: cuatro agricultores nigerianos y la ONG Amigos de la Tierra. Se reclamaban indemnizaciones por los daños causados por los vertidos, tanto a la matriz Royal Dutch Shell, radicada en Países Bajos, como a su filial nigeriana, Shell Petroleum Development Company.

Más allá de la complicidad en el asesinato de líderes del Pueblo Ogni, Shell ha sido directamente señalada como responsable de numerosos vertidos de petróleo

El pasado 29 de enero se dictó sentencia poniendo fin a un largo proceso judicial, llevado ante múltiples instancias, pero con un único objetivo: combatir la impunidad del “Goliat” petrolífero. El tribunal holandés determinó que Shell Nigeria es responsable de los daños ocasionados por los derrames y que, en consecuencia, debe reparar a los afectados. Aunque no derivó responsabilidad directa a la matriz, sino únicamente a la filial que operaba en el terreno, la sentencia incluye la obligación de la matriz Royal Dutch Shell de equipar los oleoductos de sistemas de detección de fugas eficaces para así intentar mitigar los daños que pudieran ocasionarse en un futuro. Con todo, de forma directa o indirecta, la sentencia supone un relevante hito, en tanto condena a una empresa holandesa por las actuaciones que sus filiales realizan en el extranjero.

Estas dos recientes decisiones judiciales marcan un camino de esperanza para las víctimas. Por fin, tras años de batallas ante múltiples foros, los demandantes holandeses ven como Shell Nigeria es responsabilizada por las graves consecuencias de los vertidos y como es condenada a la reparación de los daños; por su parte, los demandantes en sede británica tienen la puerta abierta a un procedimiento que finalmente pudiera concluir con una sentencia en la línea de decisión de la holandesa.

Estas dos recientes decisiones judiciales marcan un camino de esperanza para las víctimas

“La justicia, si es lenta, no es justicia”. La exigencia de responsabilidades no puede conducir a procesos tan complejos que obliguen a superar enrevesados entramados societarios que, en forma de “estructuras de impunidad”, se establecen con la intención de desviar la atención de los órganos jurisdiccionales y dificultar, cuando no impedir, el acceso a la justicia. El título del artículo buscaba introducir una historia de esperanza a las lectoras y a los lectores; es un gran paso, un canto de optimismo para las víctimas, pero queremos y exigimos más: más justicia y más derechos. Esta es la dirección de las recientes iniciativas de la Unión Europea para hacer frente a las vulneraciones de derechos humanos cometidas por empresas transnacionales: el llamado régimen de sanciones y el proyecto de diligencia debida empresarial y gobierno corporativo.

Esperemos que el espejismo de justicia se convierta en una realidad.