Como todos los años por estas fechas, el alumnado de bachillerato se enfrenta a las pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que le permitirán, si las supera debidamente, matricularse en los estudios impartidos en las universidades públicas españolas.

Y un año más, el contenido de estas pruebas ha evidenciado que, para afrontar y superar con solvencia al menos las materias comunes, y sobre todo las de lengua castellana y lengua valenciana, este estudiantado requiere de conceptos y conocimientos básicos de carácter jurídico, político o criminológico. Temas como el de los “vientres de alquiler” (gestación subrogada), la Unión Europea y el Eurogrupo o la inmigración ilegal han aparecido en los exámenes de los últimos cinco años.

Pero más llamativo es el de esta edición de 2025, “Dar voz a un despiadado asesino”, que constituiría un buen ejercicio para un estudiante de 2º curso del grado en Derecho o del grado en Criminología. Conceptos como libertad de expresión, derechos constitucionales y libertades públicas, colisión y ponderación de derechos, protección legal, censura, crimen, víctimas, juzgado y Fiscalía de Menores, amparo constitucional, sistema democrático… configuran un texto profundamente jurídico, con pinceladas de contenido criminológico. Los temas señalados no pueden analizarse con rigor sin una base, siquiera mínima, de cultura jurídica o política. La capacidad de argumentar de manera fundamentada, reflexiva y ética ante este tipo de dilemas sociales, jurídicos, políticos y criminológicos requiere de una formación específica, no solo en los contenidos, también en las herramientas de análisis propias del Derecho y del pensamiento democrático.

No habría nada que objetar si el alumnado que afronta estas pruebas tuviera la formación mínima para entender –y posteriormente explicar– su contenido de manera adecuada. Pero no es así. O no lo es con carácter generalizado, como debiera serlo en una sociedad democrática desde etapas anteriores a la educación superior. En un examen que ha de posibilitar el acceso a la Universidad no debieran valorarse contenidos que dan pie a comentarios alejados del rigor académico esperable en dicha etapa, como algunos de los que se han oído a pie de aula e, incluso, en los medios de comunicación. Es evidente que los estudiantes no son culpables, pero sí lo es un sistema educativo que les hurta sistemáticamente una formación necesaria para entender la sociedad en que viven y para desenvolverse en ella como ciudadanos de pleno derecho.

Año tras año, los examinadores escogen textos que abordan cuestiones de actualidad con gran repercusión social. Aciertan en la elección, obviamente. Pero es que esas cuestiones tienen siempre elementos jurídicos, políticos y criminológicos en abundancia. Las noticias que nos asaltan a diario presentan ese carácter: solo hay que fijarse en un telediario… Para comentarlas, como es lógico, suele recurrirse a académicos y profesionales altamente especializados. Las ciencias sociales, como el derecho o la política, tienen su metodología, sus reglas, sus conceptos y recursos, sus contenidos propios… Y para conocerlos, hay que explicarlos y estudiarlos, como en cualquier otra ciencia. Proponerlos a personas (en este caso, el estudiantado de las PAU) que los ignoran completamente es banalizar esos contenidos y engañarlas, generando el riesgo de crear una especie de “efecto Dunning-Kruger” bien indeseable.

La Facultat de Dret de la Universitat de València es muy consciente de esta necesidad formativa. Por eso propuso en su momento que se incluyera en el curriculum de la ESO y el Bachillerato un conjunto de asignaturas con contenidos centrados en el Derecho, la política y los derechos humanos, siguiendo el modelo de las de carácter económico que se han venido introduciendo en los últimos años (lo que demuestra que los planes de estudios se pueden cambiar si hay voluntad para ello). Al final, la propuesta se concretó, de manera reducida, a implementar en el currículo de bachillerato una asignatura optativa denominada “Cultura jurídica y democrática”; con todo, fue en su momento una acción pionera en España, que ha servido de referencia para otras comunidades.

Esta asignatura se imparte desde el curso 2022-23 en primero o segundo de bachillerato en algunos institutos de educación secundaria que han decidido ofertarla. En ella se enseña a debatir, razonar y argumentar de manera responsable y con criterio propio sobre cómo resolver los múltiples conflictos que se suceden a diario; y para ello se requiere conocer los derechos y obligaciones, propios y ajenos, reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, así como las reglas básicas del funcionamiento del Estado de Derecho, a través de las instituciones y normas que lo conforman. Desde la Facultat de Dret de València estamos convencidos de que los estudiantes que hayan cursado esta asignatura habrán tenido ventaja sobre el resto de sus compañeros a la hora de comentar el texto y esperamos que quienes lo corrijan sepan apreciarlo.

Estudiar la asignatura “Cultura jurídica y democrática” es extraordinariamente útil para nuestros jóvenes y también para la sociedad en la que participan. Por ello animamos a los institutos de educación secundaria de la Comunitat Valenciana a que la oferten, y al estudiantado de bachillerato a que opte por ella si aún no ha tenido la oportunidad, pues:

1. Refuerza competencias clave para la PAU y la vida universitaria: Saber argumentar, debatir con respeto, identificar fuentes jurídicas, comprender noticias con contenido político-legal o analizar conflictos sociales son capacidades directamente vinculadas al éxito en la PAU y al desarrollo académico posterior.

2. Forma ciudadanos críticos y responsables: En un mundo donde la desinformación, los discursos de odio y el populismo ganan terreno, es esencial que los jóvenes comprendan el funcionamiento del Estado de Derecho, los límites del poder público, los principios de justicia y los derechos fundamentales.

3. Fomenta la convivencia democrática: El conocimiento de las normas que rigen nuestra sociedad y de las instituciones que las garantizan contribuye a una mayor implicación cívica y al respeto por las diferencias ideológicas, sociales y culturales.

4. Es una herramienta contra la desigualdad: Comprender cómo funcionan los mecanismos legales de protección, desde los derechos laborales hasta las garantías constitucionales, capacita a los jóvenes para reconocer y combatir situaciones de injusticia o vulnerabilidad.

5. Conecta el aula con la realidad social: A través del análisis de casos reales y el debate sobre temas de actualidad, el alumnado ve la utilidad del aprendizaje y se implica de forma activa, lo que favorece una mayor motivación y sentido de pertenencia.

De igual modo, consideramos indispensable que los poderes públicos con competencias –la Generalitat Valenciana en nuestro territorio– desarrollen y amplíen unos estudios que tienen una enorme demanda entre el alumnado y que enseñan a entender la sociedad en que vivimos y a formar ciudadanos concienciados y conscientes. El acceso igualitario al conocimiento jurídico y a la educación cívica es una condición necesaria para una ciudadanía plenamente democrática.

Formar personas con criterio, capaces de construir una sociedad más justa y democrática, es una tarea que nos compete a todos y todas. Como Facultat de Dret al servicio de la sociedad valenciana desde 1499 seguiremos impulsando la extensión de esta oferta formativa preuniversitaria y seguiremos denunciando todo aquello que banalice la formación jurídica, política o criminológica.

Deganat

Facultat de Dret