La dinámica de los cambios sociales que se producen en las sociedades complejas influye de forma directa en la práctica profesional del Trabajo Social. Transformaciones que han influido en el contexto social y económico a partir de los años sesenta y por las cuales se le pide a la profesión del Trabajador Social mayores exigencias formativas para realizar su cometido. Entre estos cambios destacamos, por un lado, la implantación de estrategias de flexibilidad laboral en un contexto económico globalizado, que provocan procesos de precariedad y vulnerabilidad en determinados colectivos, que con frecuencia se convierten en sujetos de intervención del trabajo social mostrando de este modo su fragilidad social y a los que hay que dar una respuesta integral, en la que se incluya potenciar su capacidad de integración y de acceso al mercado de trabajo. Por otro lado, los importantes cambios en la estructura familiar han debilitado su capacidad protectora en un sistema de bienestar social fundamentalmente familiarista como el del estado español. La reducción del tamaño familiar, la diversidad de formas de convivencia, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y las altas tasas de envejecimiento requieren de nuevas redes. Esta complejidad conlleva la necesidad de contar con perfiles profesionales con alto grado de especialización que permita manejar a la vez un cuerpo teórico y práctico, permitiendo conocer y abordar problemáticas generadas por una sociedad en continuo cambio.

Este máster pretende formar expertos capaces de aportar tanto conocimientos sólidos e innovadores como valores respetuosos en el ámbito de la gestión de los recursos humanos, sus distintas metodologías y técnicas en relación con la organización empresarial, las prácticas directivas, la promoción de la calidad de vida laboral y la estrategia empresarial. Su programa formativo responde a las actuales necesidades de nuestro tejido empresarial y a la creciente demanda de trabajo correspondiente, así como a las recientes políticas españolas de I+D+I y a la estrategia “Europa 20” de esta década, con especial atención a la productividad, el desarrollo económico y el bienestar del personal implicado en estas actividades.

El Master tiene la finalidad de formar a gestores capaces de comprender la Gestión Cultural como una forma de organización integral del territorio, admitiendo la idea de recurso cultural como bien público, fuente de bienestar, de evolución intelectual y de progreso material y dinamizando de manera integral la herencia cultural de una determinada comunidad. Desde esa perspectiva, el Master pretende atender a un doble compromiso. Por un lado, preparar profesionales que enfoquen su actividad hacia la difusión y el enriquecimiento de la propia cultura mediante el uso y disfrute democrático de los bienes culturales. Por otro, preparar profesionales capacitados para estructurar económicamente recursos culturales de cualquier naturaleza, diseñando productos cuya rentabilidad evidencie la eficacia de un sistema de gestión integral de los recursos culturales de un territorio y promueva el sentido social de explotación sostenible de estos bienes. Sobre este compromiso, el plan formativo del Master ofrece cuatro módulos optativos a partir de las respectivas áreas de actividad profesional que abarcan con amplitud el campo de la gestión cultural. Su interés radica en el hecho de abarcar los sectores sociales, políticos y económicos que constituyen el marco donde se inscribe la actividad de todo especialista. Los módulos optativos son: la gestión de recursos culturales, la gestión del turismo cultural, la gestión de artes escénicas y la gestión del patrimonio etnológico y la cultura popular. Cada estudiante puede elegir tres de los cuatro módulos, para configurar su itinerario formativo. Así se configuran cuatro itinerarios, resultado de todas las combinaciones posibles de tres de los cuatro módulos optativos. Las cuatro áreas mencionadas exigen una formación acorde con la necesidad social de un nuevo tipo de profesional capaz de resolver los retos que desde las actuales estructuras políticas, económicas y sociales se plantean en el marco de la gestión de la cultura de nuestra sociedad. Esta síntesis se concreta en los siguientes objetivos. 1. Dominar los instrumentos de gestión para elaborar proyectos con los que dotar de sentido y valor un determinado bien patrimonial, aprendiendo a integrar la creación de entidades de gestión, la promoción de eventos culturales, la dinamización del patrimonio y la configuración de circuitos de formación y disfrute para usuarios. 2. Proporcionar una formación operativa en las instituciones públicas y entidades privadas que tradicionalmente vienen ocupándose en nuestra sociedad de las actividades de gestión cultural 3. Capacitar para la detección de las fuentes de financiación y la gestión de los recursos culturales en términos de dinamización y rentabilidad económica sostenible. 4. Formar profesionales conocedores de diferentes claves de política cultural tanto en el ámbito local, como en el autonómico, nacional y europeo. 5. Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para organizar y dirigir equipos humanos multidisciplinares que trabajen en el desarrollo de proyectos de gestión cultural. 6. Estructurar en el alumno el concepto de administración cultural desde el estudio de la legislación relacionada con la gestión de la cultura. 7. Tomar contacto con la realidad profesional de la Gestión Cultural mediante la información al alumno de proyectos reales llevados a cabo por instituciones públicas y privadas, dando a conocer diferentes experiencias reales de gestión cultural en el mundo de la administración pública y la empresa privada. 8. Poner en práctica los conocimientos y técnicas adquiridos mediante la realización de un proyecto de gestión, elaborado personalmente por cada alumno y tutorizado convenientemente por profesores expertos en las diferentes materias.

La protección de la salud de las personas es un derecho fundamental reconocido en el artículo 43 de la Constitución Española, donde también se alude a la responsabilidad que los poderes públicos tienen en “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”. La salud, entendida como un estado de bienestar físico, psíquico y social, según la conocida definición de la Organización Mundial de la Salud, en su dimensión tanto individual como colectiva, está determinada por factores tanto de naturaleza biológica como ambiental y social. Los lugares y condiciones en los que se desempeña el trabajo son determinantes principales de la salud y el bienestar de las personas, y por tanto requieren de las adecuadas acciones de evaluación y control que garanticen la protección de la salud de los trabajadores. En el desarrollo de esta responsabilidad, en 1995 se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), marco normativo a partir del cual se establecen desarrollan toda una serie de principios y disposiciones organizativos y técnicos para garantizar la protección de la salud de los trabajadores en España. Así, las empresas deben garantizar que las condiciones y organización del trabajo sean seguras y saludables, teniendo responsabilidades en ello tanto directivos y decisores en los centros de trabajo, como trabajadores, con derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, y la propia administración, garante del cumplimiento de las disposiciones normativas y objetivos en este campo. En la Ley se fijan las distintas modalidades con las que, obligatoriamente, deben organizarse todas las empresas para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Los denominados Servicios de Prevención de Riesgos Laborales se convierten en uno de los principales recursos con los que cuentan las empresas para el asesoramiento y apoyo técnico que requiere la intervención en materia de salud y seguridad en el trabajo. A su vez, tanto en la modalidad de servicios de prevención propios como ajenos, estas entidades deberán contar con las instalaciones y los medios humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades preventivas que vayan a desarrollar en la empresa. En particular, la normativa establece que entre el personal cualificado en estos servicios se encuentren técnicos con la cualificación necesaria para el desempeño de funciones de nivel superior. Los futuros profesionales en materia de prevención de riesgos laborales requieren toda una serie de competencias básicas para cuya consecución la mejor garantía es la formación universitaria de posgrado.

La primera definición de una figura profesional denominada Agente de Igualdad podemos encontrarla en 1985 en un Seminario organizado por el Centro Europeo para el desarrollo de la Formación Profesional. En este seminario ya se afirmó la necesidad sobre una formación universitaria anterior (licenciatura, Diplomatura) un complemento formativo referido a: Conocimientos jurídicos, económicos, sociológicos y de gestión, estudios sobre el feminismo, diseño y manejo de de proyectos de acción positiva y técnicas de evaluación, conocimientos sobre la comunicación humana. Posteriormente en el año 1991 el Instituto de la Mujer debatió en su reunión anual la intervención del Agente de Igualdad en lo local, contando con algunas publicaciones anteriores como “Guía didáctica: Asesoras para la Igualdad”. Algunos países del entorno Europeo ya habían comenzado a regular esta figura profesional. En 1994 la Clasificación Nacional de Ocupaciones del INEM recoge este tipo de figura profesional, diferenciando entre Agente de Igualdad y Promotora de Igualdad de Oportunidades en función de la formación universitaria. En estos años diferentes Administraciones Locales han ido incorporando profesionales de este tipo a sus plantillas laborales. El año 2004 fue un año prolijo en encuentros y congresos sobre el perfil del Agente de Igualdad. Se realiza en Pontevedra el I Congreso de Agentes de Igualdad en el mes de octubre. En el mismo mes se celebra el I Congreso de Castilla-León de Agentes de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Simultáneamente se crean Asociaciones Profesionales de Agentes de Igualdad en la Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, País, Vasco, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla –La Mancha, Navarra, Madrid, Castilla-León y Andalucía. En paralelo se inicia un proceso de configurar una Federación Estatal de Asociaciones de Agentes de Igualdad. En la Comunidad Valenciana a través de una iniciativa NOW promovida por la Dirección General de la Mujer, la Universitat de Valencia forma a la primera promoción de Agentes de Igualdad en el año 1998. La primera promoción de la que salen tituladas 27 estudiantes constituyen la primera red de atención pública a la igualdad de las mujeres en la Comunidad Valenciana. El master tiene una doble orientación: investigadora y profesional. Se pretende dar cumplimiento tanto a los mandatos emanados de la legislación específica en materia de igualdad, como a los relativos al desarrollo de la Ley Orgánica de Universidades. En relación a las primeras cabe destacar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género (Art. 4.7) y Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (Art. 25). Por último, el RD 1397/2007 que desarrolla la LOU