La Junta de Facultad ha aprobado en su reunión de 14 de julio exigir a la Conselleria de Universidades que actualice el nivel de experimentalidad aplicado a los estudios de Derecho en el decreto autonómico de tasas universitarias, pasándolo del 1 al 2, para adaptarlo a la realidad y a las exigencias del tiempo presente. Es una petición formulada por escrito por los cuatro Decanatos de las Facultades con estudios de Derecho en las Universidades públicas valencianas (formulada por vez primera en 2018), y apoyada, también por escrito, por sus cuatro Rectorados, por Colegios profesionales y por diversas autoridades y personalidades.

Desde 2005, primer año en que se aplicaron estos niveles, la Generalitat sitúa a los estudios jurídicos en el índice 1, que es el menor, y que solo se aplica a otras 8 disciplinas de las más de 100 que recoge el decreto. Nunca se ha dado una razón científica para este hecho ni se ha justificado de ninguna manera. Y resulta especialmente absurdo e incongruente si se tiene en cuenta que la práctica totalidad de los estudios de ciencias sociales se encuentran en el nivel 2, entre ellas Criminología y Ciencias Políticas y de la Administración Pública, titulaciones que también imparte nuestra Facultad.

Las consecuencias de este hecho son lesivas para los estudios y para el alumnado. Así, la Facultat ha dejado de ingresar más de un millón y medio de euros en la última década, que le habrían correspondido por financiación ordinaria. Además, los fondos que recibe para laboratorios y mejoras docentes son mucho menores que los de otros centros.

La discriminación por niveles de experimentalidad respecto de ciencias que tienen un mismo origen y se agrupan en la misma rama del saber –las sociales– supone privar de oportunidades a los estudiantes que reciben un índice menor. Dotar hoy día de mayor experimentalidad a unas enseñanzas supone dotarlas, también, de mayores recursos y mejores oportunidades.

Resulta contradictorio, además, con el hecho de que las Facultades de Derecho sean un auténtico semillero de los cuadros directivos y políticos de nuestra sociedad. Un estudio reciente demostraba que, de los 151 altos cargos de la Generalitat Valenciana, 40 habían estudiado Derecho. La Junta de Facultad entiende que no es razonable que se penalice la formación de un estudiantado que en el futuro ha de asumir importantes responsabilidades de gestión, administración y gobierno.

Por todo lo anterior, la Junta acordó por unanimidad exigir a la Conselleria de Universidades que sitúe los estudios de Derecho junto con las titulaciones que tienen un nivel 2 de experimentalidad en el decreto autonómico de tasas universitarias.