Una investigación de un amplio equipo de geógrafos dirigido por el profesor Joan Romero (Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local y Departamento de Geografía de la Universitat de València) ha evaluado en más de 80.000 millones de euros el despilfarro en España durante las dos últimas décadas. La investigación, que ha sido publicada en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, lleva por título ‘Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas’.
Junto al profesor Romero, han participado en el estudio Dolores Brandis (Universidad Complutense de Madrid), Carmen Delgado Viñas (Universidad de Cantabria) José-León García Rodríguez (Universidad de La Laguna), María Luisa Gómez Romero (Universidad de Málaga), Jorge Olcina (Universidad de Alicante), Onofre Rullán (Universidad de las Islas Baleares) José Fernando Vera-Rebollo (Universidad de Alicante) y Joan Vicente Rufí (Universidad de Girona).
El trabajo pretende ser una primera aproximación a la dimensión del despilfarro de recursos públicos en infraestructuras en España desde 1995 hasta la actualidad en los distintos niveles de gobierno. En él se analiza, de una parte, la inversión y los sobrecostes en infraestructuras innecesarias impulsadas y ejecutadas por la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias, y de otra, infraestructuras, proyectos, eventos e inversiones fallidas, vacías o infrautilizadas acometidas por las comunidades autónomas y los gobiernos locales. Se abordan los déficits del marco institucional y de gobernanza territorial y se sugiere una posible agenda de reformas a partir de unas conclusiones generales.
Las estimaciones iniciales del equipo de investigación indican que en las últimas dos décadas más de 80.000 millones de euros (las obligaciones contraídas superan los 97.000) se han gastado mal o se han comprometido en infraestructuras ociosas, infrautilizadas, innecesarias o cerradas y en proyectos o eventos efímeros o inútiles. Muchos de ellos a modo de cajas vacías que ahora se intenta llenar. Según el estudio, en España se ha realizado una asignación inadecuada de recursos públicos en materia de inversiones (incluidas importantes cantidades procedentes de los fondos europeos) y se ha priorizado de manera irracional e ineficiente la inversión en infraestructuras como líneas de alta velocidad en detrimento de inversiones, por ejemplo, en educación, formación e innovación, o de inversiones en áreas de gran relevancia, como ferrocarriles de cercanías o de media distancia que hubieran facilitado mejoras sustanciales en movilidad sostenible. Incluso se ha desaprovechado la ocasión de impulsar un nuevo modelo de infraestructuras, un cambio en la concepción de la infraestructura, poniendo en el centro no la titularidad de la misma, sino la gestión de la movilidad de la ciudadanía; y no la parcelación de actuaciones, sino la consideración, por ejemplo, de corredores logísticos multiregionales para las mercancías en el horizonte 2030. Sin olvidar la conveniencia de haber acometido una gran estrategia de adaptación a los impactos del cambio climático.
La ciudadanía ha tomado plena conciencia del problema de la corrupción, pero no tanto del despilfarro de recursos públicos, según explican los autores del estudio. El coste político es menor, si existe, en el segundo caso. Sin embargo, el problema es importante y estructural, según la investigación. El despilfarro –explica– puede tener cuatro dimensiones: a) una en forma de corrupción; b) otra en forma de sobrecostes; c) otra en forma de obras infrautilizadas o inútiles; y d) otra en forma de priorización inadecuada de inversiones. Aunque suele decirse que la corrupción ha afectado más a la escala local y regional que a los niveles de la Administración General del Estado, la investigación destaca que el volumen es igualmente muy importante en aquellas áreas inversoras que son competencia de aquella.
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