El derecho a la vivienda se encuentra consagrado en el artículo 25 de la DUDH y en el art. 11 del Pacto Internacional de los Derechos económicos sociales y culturales, como un derecho humano inalienable. Tanto la Carta Social Europea como el artículo 47 de la Constitución Española lo reconocen como un derecho de todos, que debe ser garantizado por los poderes públicos mediante la promoción de las condiciones necesarias para su cumplimiento.

Una multitud de factores hacen del acceso a la vivienda un derecho históricamente incumplido. La escasez de vivienda pública o la precariedad laboral combinada con los elevados precios de compraventa y alquiler son las causas directas más evidentes. Además, las plataformas P2P de alquiler de viviendas están acrecentando una problemática social que se une a la gentrificación. La turistificación de las ciudades, cuando se da de forma incontrolada y desordenada, está provocando conflictos sociales, afectando incluso al acceso a la vivienda.

Esta cátedra realiza una actividad de investigación sobre el modo en que las nuevas prácticas económicas de plataformas digitales afectan al derecho a una vivienda digna. Este trabajo está dirigido a que las Administraciones Públicas desarrollen regulaciones y actuaciones dirigidas a solventar un problema que afecta a las necesidades básicas de la ciudadanía y que repercute directa e indirectamente en otras esferas de la vida de las personas como el derecho al trabajo o a la movilidad.