La cátedra, que se constituyó en 2021 y que se renueva por un año más, se encarga de organizar actividades como actuaciones de investigación que permitan fomentar y mejorar el acceso de la ciudadanía a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que contribuyan a su desjudicialización; actividades de información dirigidas a la comunidad universitaria para la resolución de conflictos; actuaciones formativas; actuaciones de difusión y divulgación. Para ello, la Conselleria aportará un máximo de 30.000 €.

Este acuerdo consolida el liderazgo de la Comunidad Valenciana en la implantación de esta modalidad de justicia alternativa que, sólo en los últimos dos años, ha asumido más de 1.500 asuntos que, en caso de haber llegado a los tribunales, habrían costado alrededor de los 1,9 millones de euros.

De este modo, la Cátedra se encarga de llevar a cabo acciones formativas y de investigación sobre este método alternativo de resolución de conflictos,  que reduce a 1.833 € el coste medio de resolución de un conflicto frente a los 8.015 de un proceso judicial ordinario; además de exhortar el tiempo de los 510 días de media a menos de 90.

Frente a una cultura del litigio que nos ha acompañado siglos de historia jurídica, emerge la institución mediadora como un gran modelo de pacificación social adaptable a todo tipo de conflicto que, además, permite trabajar los valores necesarios para la sociedad que vivimos: disminuir el conflicto social, la capacidad de asumir responsabilidad de los actos propios, así como el fomento de la igualdad y la solidaridad entre las personas.

A la firma del acuerdo también asistieron Mª Elena Olmos, secretaria general de la UV; Juan Vicente Climent, gerente de la UV; José García Añón, director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia; Ángeles Solanes, vicerrectora de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació; y Rosa Donat, vicerrectora d’Innovació i Transferència.