El Claustro aprueba el informe de gestión presentado por la rectora, que constata el liderazgo de la institución en el sistema universitario valenciano

 
Imatge d'arxiu d'una sessió del Claustre.
Imatge d'arxiu d'una sessió del Claustre.

El Claustro de la Universitat de València ha aprobado este jueves (12 de julio) el informe de gestión presentado por la rectora, Mavi Mestre, referido al año 2017. El documento constata el liderazgo de la institución en el sistema universitario valenciano, a pesar de las circunstancias externas que han condicionado la actividad, en especial la restricción presupuestaria y la imposición de una tasa de reposición de efectivos para el PAS y para el PDI.

El máximo órgano de representación de la Universitat ha aprobado también el Plan Operativo 2019, que es el documento orientador de la política general universitaria y del presupuesto. También se ha debatido, entre otros, una propuesta del Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA) sobre el reciente nombramiento de la delegada de la rectora para Estudiantes.

En su informe, Mavi Mestre ha reiterado su voluntad de llegar a los máximos consensos para desarrollar los objetivos de la Universitat, y ha detallado medidas para incrementar la participación del estudiantado en las diferentes comisiones y órganos institucionales. Respecto al PDI ha recordado la amplísima oferta pública para la promoción y la estabilización que está ahora en marcha, y ha señalado el envejecimiento y la desfuncionarización como dos de las amenazas que combatirá intensamente.

Los retos de las universidades, ha manifestado, son la desaparición de la tasa de reposición, una mejora en el ámbito de tasas y becas, la internacionalización y políticas de inserción laboral de los titulados.
El Informe de Gestión al Claustro recoge, de una manera sintética, la actividad desarrollada por el conjunto de la comunidad universitaria a lo largo de un año natural. El documento es también el documento orientador de la política general universitaria así como de su presupuesto anual, y es un mecanismo de rendición de cuentas de la actividad global de la Universitat de València ante su máximo órgano de representación.

El informe presentado corresponde a la actividad del año 2017, que estuvo dirigida por un Consell de Direcció diferente del actual. El actual tomó posesión el 11 del pasado mes de abril, después de las elecciones celebradas al primer trimestre de 2018. 

Según se lee en el documento, 2017 se ha caracterizado por “un conjunto de circunstancias del entorno y de políticas públicas que han condicionado fuertemente los resultados que aquí se presentan: la restricción presupuestaria a que la institución tiene que hacer frente y la imposición de una tasa de reposición de efectivos para el PAS y para el PDI”. Todo esto “ha condicionado fuertemente no sólo las políticas relacionadas con los trabajadores y trabajadoras, sino el mismo desarrollo de nuevas líneas de actuación que se ven condicionadas por estas fuertes restricciones financieras y de contratación de personas”.

La rectora, Mavi Mestre, ha señalado que, a pesar de todo, “y gracias al esfuerzo y dedicación de la comunidad universitaria, continuamos siendo una universidad de referencia, líder del Sistema Universitario Público Valenciano, destacada en captación de estudiantes internacionales y en solidaridad y cooperación, en integración de personas con diversidad funcional y también una universidad impulsora de la transferencia de conocimiento de los diferentes ámbitos del saber a los sectores productivos valencianos. Junto con estas dimensiones relevantes, la Universitat de València contribuye a la vertebración de nuestro territorio, la promoción de su lengua y cultura, la reflexión y el pensamiento crítico y la preservación y difusión de nuestro patrimonio histórico y artístico”. 

De acuerdo con los datos, en 2017 hubo 57.191 estudiantes y estudiantes (37.607 de títulos oficiales de grado), 4.235 miembros del PDI, y 1.935 del PAS.

El informe completo se puede consultar clicando aquí.

El Claustro también ha aprobado por una amplia mayoría el Plan Operativo 2019, que ha sido presentado por el vicerrector Juan Luis Gandía. Según sus previsiones, el presupuesto para 2019 podría incrementarse entre un 3,2% y un 3,5%. Gandía ha expresado su temor a una reprogramación del convenio con la Generalitat, que causaría problemas a las universidades. También ha reclamado un nuevo sistema de financiación universitaria.

El Plan Operativo se puede consultar clicando aquí.

Debate de propuestas del estudiantado
Por otro lado, el máximo órgano de representación universitaria ha debatido cuatro propuestas presentadas por estudiantes y estudiantes claustrales. El punto que ha suscitado más debate ha sido la propuesta del Bloc d’Estudiants Agermanats para que el Claustro incitara a la rectora a “la destitución de la nueva Delegada de Estudiantes, Mercedes Elizalde Monteagudo, y a iniciar una negociación multilateral para definir el organigrama funcional de las competencias de la Delegación”.

El punto ha sido presentado por el estudiante Sergi Vidal, quien ha acusado a la rectora de incumplimiento de una promesa electoral. Según la propuesta, la rectora “se comprometió a respetar el posicionamiento que emitiría la Asamblea General de Estudiantes (AGE) alrededor de la definición que tendría que tener en el futuro todo el que se refiere a las competencias estudiantiles”. Y añade: “La AGE formalizó un posicionamiento incitando al traspaso de todas las competencias de la Delegación de Estudiantes a la Asamblea General de Estudiantes”.

Mavi Mestre ha respondido que el nombramiento de una Delegada de Estudiantes es competencia de la rectora, y la persona escogida se convierte en miembro de pleno derecho del Consell de Govern. “No se puede imponer una persona al Consell de Direcció, y todos/as integrantes tienen que compartir la política” del equipo de dirección. Aun así, Mavi Mestre se ha mostrado abierta a incrementar la participación de los representantes de los estudiantes en todos los ámbitos de la institución. Como ejemplo, se ha incorporado a la coordinadora de la AGE con voz y voto al Consell de Govern; la presidenta de la AGE y la delegada d'Estudiants serán, ambas, vicepresidentas de la Comissió Assesora Estudiantil; y se ha incrementado la estructura de apoyo a la AGE a través del SEDI.

El Claustro ha escuchado diferentes intervenciones en favor y en contra de la propuesta presentada sobre el nombramiento de la Delegada de Estudiantes, y la votación final ha rechazado la petición de destitución por 101 votos en contra del punto presentado, 25 a favor y 24 abstenciones.

Sí que se ha aprobado por unanimidad la propuesta de acuerdo sobre “el abastecimiento de energía renovable a la Universitat”. El vicerrector Juan Luis Gandía se ha comprometido a trabajar para aumentar el suministro de energías limpias en los próximos contratos, a partir de la extinción de los ahora vigentes.

Otro de los puntos presentados por claustrales pedía un acuerdo sobre la remuneración de las prácticas externas que realizan los estudiantes. La cuestión ha sido expuesta por Sergi Rodríguez, quien ha lamentado que en ocasiones estas prácticas, que son obligatorias, provocan costes de desplazamientos y otros, que conculcan el principio de igualdad de acceso a los estudios superiores.

La rectora se ha mostrado de acuerdo con la filosofía del punto, y ha recordado que la Universitat de València destaca en la gestión de las prácticas formativas en el sector público o privado. También ha explicado que la función fundamental de las prácticas es la formativa, y nunca pueden ser concebidas como un “trabajo sustitutivo”. La vicerrectora de Estudios y Política Lingüística, Isabel Vázquez, ha informado que el último curso más de 15.000 estudiantes/desde la Universitat realizan prácticas en más de 3.000 empresas y administraciones. De ellas sólo han sido remuneradas un 22%. La vicerrectora ha propuesto la creación de un grupo de trabajo para analizar las prácticas, tanto para garantizar la calidad de las mismas, como para estudiar compensaciones económicas para transportes y otros gastos”.

Finalmente el Claustro ha decidido crear un grupo de trabajo sobre las prácticas externas, donde se evaluará, entre otras cuestiones, aumentar el número de empresas e instituciones que remuneran las prácticas.

El último de los puntos debatidos ha sido la situación del profesorado asociado. Tanto la rectora como el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica, Ernest Cano, han detallado todo el proceso de negociación con sindicatos, administración autonómica y asamblea de profesorado asociado en los últimos meses. Un diálogo para mejorar las condiciones de este colectivo, una parte del cual realizó una huelga en el primer trimestre de este año. Todas las partes llegaron a un acuerdo en el seno de la Mesa Negociadora.

El punto ha sido explicado por el estudiante Julio Sáiz, quien ha mostrado su preocupación por que el problema no está cerrado, y una posible reedición de la huelga perjudicaría especialmente al estudiantado. También la profesora asociada Regina Laguna ha expresado su tristeza por la pérdida que la huelga ha provocado: a los estudiantes por la docencia no recibida, a los asociados por las remuneraciones y a la institución por su prestigio.

La rectora ha cerrado el debate, y ha recordado que hay una negociación en marcha para un convenio colectivo autonómico, y que debe crearse una nueva figura contractual, pero que esta competencia excede el ámbito de una universidad concreta.

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