“La ciudad mestiza necesita valores y normas comunes”, advierte Sami Naïr

 
Sami Naïr i Javier de Lucas
Sami Naïr i Javier de Lucas

El politólogo francés Sami Naïr ha apelado a la necesidad de valores y normas comunes para la sociedad mestiza, en la conferencia pronunciada hoy en el paraninfo de la Universitat de València, en el marco del Congreso Internacional 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naïr, profesor de la Universidad de Paris VII y doctor Honoris Causa por la Universitat de València, preside el comité científico de este congreso, junto al profesor Javier de Lucas, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València.

¿Qué significa hoy universalidad de los derechos? se ha preguntado el profesor Naïr. “Nunca se repetirá lo suficiente –ha explicado– que ninguna sociedad mestiza, plural en serio, es posible sin valores comunes y ello implica reglas, normas y obligaciones comunes”. Los conflictos culturales y sociales, inevitables en toda sociedad, ha añadido “no pueden superarse únicamente mediante el respeto ingenuo de las diferencias, mediante la apología de lo que separa, aunque sea en nombre de la democracia y de la política de reconocimiento que se debe a unos individuos o grupos. Sólo la búsqueda de una identidad compartida, que no es un producto de la naturaleza sino de la voluntad, permite construir estos valores comunes”. Para Naïr, “este camino, largo y difícil ya que consiste en fabricar voluntariamente la identidad común, implica una visión clara de los derechos y deberes en la ciudad. Porque la condición necesaria para la ciudad mestiza, lejos de los racismos y de las demagogias de la pertenencia exclusiva, afortunadamente es y seguirá siendo siempre la universalidad de lo humano”.

El impacto de Internet en los derechos humanos

Previamente se ha celebrado una mesa redonda sobre impacto de Internet en los derechos humanos que ha contado con la participación de Miguel Presno (profesor de Derecho Constitucional) Tomás de la Quadra-Salcedo (catedrático de derecho administrativo exministro de Justicia y de Administración Territorial), Diego Naranjo (asesor de la ONG European Digital) y Ofelia Tejerina (abogada y experta en derechos digitales), moderados por el periodista Manuel Peris. 

Diego Naranjo ha asegurado que “hay cierto interés de los poderes públicos por gobernar a golpe de titular y simular que se actúa sobre un problema complejo (ya sea pedofilia, discurso de odio o terrorismo) a través del control de mensajes y contenidos en la Red, casi siempre bajo la coerción a las plataformas en las que los ciudadanos se comunican”. Muchas de estas iniciativas, ha señalado, “llevan a la privatización del Estado de Derecho y a convertir a Google, Facebook y otras grandes compañías en la policía y juez de internet, con el riesgo que ello conlleva para las garantías de un Estado de Derecho”.

En opinión de Miguel Presno, “no es tarea de los poderes públicos garantizar la veracidad de las informaciones que ofrecen los medios privados sino asegurar la existencia de pluralismo informativo, debiendo corresponder a los tribunales, y no a la administración, la verificación del requisito de la veracidad, que no es sinónimo de verdad”.

Ofelia Tejerina ha denunciado que los derechos de autor se han convertido en la excusa clave del origen de las “leyes atajo” y de las medidas de cibercontrol masivas. “Esas medidas que matan moscas a cañonazos son totalmente desproporcionadas en relación con los riesgos que promueven para otros derechos que sí son considerados fundamentales, como la libertad de expresión y la protección de datos”, ha añadido.

La inteligencia artificial es, según Tomás de la Quadra-Salcedo, el mayor reto que suscita la sociedad digital. “La regulación en este campo tiene que hacerse pero a la vez no puede desarrollarse con mucha intensidad en el momento emergente de la IA, la robótica y de sus aplicaciones y desarrollos, sin incurrir en el riesgo de agostar posibilidades de desarrollo de las mismas que pueden ser muy beneficiosas”, ha asegurado. 

Inmigrantes y Refugiados

La sesión se ha iniciado con un panel titulado Inmigrantes y Refugiados. Los derechos en un mundo de movilidad”, moderado por el profesor de sociología Albert Mora y que ha contado con las intervenciones de Elena Arce (jefa del área de inmigración del defensor del Pueblo), Idil Atak (Univesidad Ryerson de Toronto), Pablo Ceriani (profesor y ex vicepresidente del comité de la ONU para los derechos de los Inmigrantes y Paloma Favieres (directora del gabinete jurídico de CEAR).
Elena Arce ha asegurado que “mensajes como guerras abiertas, invasión, avalancha.... no ayudan en nada y contribuyen a la creación de un clima de alarma entre la población. Existe un creciente discurso de odio hacia el migrante, chivos expiatorios de todos los males”. 

Pablo Ceriani ha señalado que estamos ante “un Estado de excepción permanente,  un estatuto jurídico paralelo en el cual los derechos reconocidos a todas las personas no tienen el mismo alcance debido a la nacionalidad y/o condición migratoria”. 

Paloma Favieres ha denunciado que el 28 de junio de 2018 en la Cumbre del Consejo Europeo “una vez más, la política migratoria siguió planteándose en términos de externalización, control y retorno de las personas migrantes y refugiadas que aspiran llegar a Europa, antes que, en abordar las causas y el respeto a los derechos y la vida de estas personas, establecer vías legales y seguras, o avanzar en un sistema común de asilo”. 

Para Idil Atak, “el principal desafío es la ausencia de un estatus jurídico. Careciendo de la debida documentación, los migrantes no pueden acceder a derechos básicos, ni abogar por sí mismos. Son proclives a ser explotados por otros, incluyendo a empleadores y a terratenientes. Víctimas y testigos de delitos no pueden comparecer sin miedo a ser detenidos y deportados”.

Derechos humanos y democracia real

Fabián Salvioli, relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Verdad, Justicia, Reparaciones y Garantías, de no repetición, pronunció la última conferencia de la sesión del día anterior. Salvioli aseguró que “a 70 años de la adopción de la Declaración Universal por la Asamblea General de las Naciones Unidas corresponde vincular definitivamente a la democracia -y al nivel efectivo de democracia real-, con la manera en que los Estados cumplen con sus obligaciones en materia de derechos humanos, y el resultado concreto de sus políticas públicas”. A nivel internacional, añadió “tampoco es aceptable que las organizaciones continúen actuando cual si paz y seguridad y derechos humanos, debieran ocupar compartimientos estancos y disociados. No es casual que el órgano más resistente de la Organización de las Naciones Unidas a integrar dichas perspectivas, el Consejo de Seguridad, sea quien más carece de democracia por su composición y sistema de votación”.
 

Esta página web utiliza cookies propias y de terceros con fines técnicos, de análisis del tráfico y para facilitar la inserción de contenidos en redes sociales a petición del usuario. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para más información consulte nuestrapolítica de cookies